Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos.
Tres técnicos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González que el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel, que se desarrollaron en Gijón entre los años 2005 y 2011, fueron "falsificados".
Asimismo han confirmado ante el magistrado instructor las irregularidades que, a su juicio, se cometieron en estos trabajos y que provocaron unos sobrecostes que podrían comportar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.
Los técnicos también han destacado que, a pesar de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que desarrolló el proyecto podía haber obtenido el 75% de los materiales de forma gratuita, prefirió pagar precios de hasta 6 y 7,3 euros por metro cúbico de piedra.
Entre las irregularidades detectadas por los responsables de la OLAF, que han denunciado que no pudieron acceder a toda la documentación contable del proyecto, también se encuentran que los camiones únicamente se pesaban a la entrada del puerto y nunca a la salida de las canteras, y que un solo camión realizó hasta nueve viajes con pesajes idénticos en el mismo día.
También ha declarado como imputado el exalcalde de Carreño Manuel Ángel Riego González (PSOE), de quien el fiscal aprecia"actuaciones contradictorias" como responsable del municipio, en el que se encontraban las cantera de Aboño y Perecil, y como consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón.
A su salida de la Audiencia Nacional, ha afirmado que se limitó a "defender los intereses generales" de la localidad en las actuaciones que afectaban a la zona de Perlora y del Alto de Aboño, y que el propio Tribunal Supremo falló a favor del consistorio al defender la necesidad de un estudio de "impacto medioambiental".
Posibles nuevas imputaciones
Por su parte, la acusación popular ha avanzado que la Fiscalía pedirá 16 nuevas imputaciones a la vista de las numerosas irregularidades en torno a la licitación, el pasaje y la extracción de los pétreos que han sido ratificadas por los técnicos de la OLAF.
También ha declarado como imputado David López Navarrete, que fue gerente de la UTE Dique Torres entre los años 2009 y 2011.
En la causa están imputados el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato; el expresidente de la Autoridad Portuaria de GijónFernando Menéndez Rexach; y el gerente de la UTE Dique Torres entre 2005 y 2009, Juan Miguel Pérez.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación. La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.
La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas.