Amarradores y Remolcadores amenazan con huelgas si liberalizan el sector

La ‘Plataforma Estatal en Defensa del Tráfico Interior de Puertos’, que representa a trabajadores del sector de servicios portuarios de varios puertos españoles considera una amenaza la posibilidad de acabar con la reserva de bandera

12/02/2019 a las 22:19 h

portacontenedores Maersk en APM Terminals Algeciras con remolcador La Reserva de Bandera está contemplada en el Reglamento UE2017/352 del Parlamento Europeo.

Los trabajadores de los servicios portuarios de amarre y remolque han planteado convocar huelgas en todos los puertos españoles si se permite la entrada de buques de banderas de conveniencia para la prestación de dichos servicios, según una nota emitida por la ‘Plataforma Estatal en Defensa del Tráfico Interior de Puertos’.

Esta plataforma responde así a un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)en el que se pedía al Gobierno el fin de la denominada 'reserva de bandera' en los puertos españoles, una limitación por la que solo los buques registrados en España pueden acceder a determinados servicios, como remolque y amarre.

Los trabajadores de las empresas de Tráfico Interior de Puertos de los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Cartagena, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Sagunto, Tenerife y Valencia, representados en dicha plataforma, consideran la posibilidad de la entrada de buques otras banderas como una amenaza “que precariza su trabajo”.

Los buques de pabellón distinta a la española que puedan cubrir estos servicios se regirán por la normativa y legislación del país de bandera lo que, según el comunicado, acabará con los derechos laborales de los trabajadores del sector .

Desde la plataforma matizan que no se oponen a que vengan a trabajar empresas y trabajadores de otros países, "lo que se exige es que lo hagan en igualdad de condiciones, respetando derechos y obligaciones", concluyen.

La reserva de Bandera es una posibilidad contemplada en el ‘Reglamento (UE) 2017/352’ del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, que ya aplican otros países de la Unión como Italia, Francia y Alemania.

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