La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) exige que la resolución europea sobre las devoluciones del tax lease español se aplique a partir de septiembre de 2011 y no desde abril de 2005.
Así lo ha solicitado el presidente de la patronal naviera, Adolfo Utor, durante la concurrida rueda de prensa que ha celebrado en Madrid para dar a conocer la posición de los armadores españoles en el conflicto desatado por el Comisario Joaquín Almunia al anunciar que solicitará que los armadores devuelvan las ayudas fiscales recibidas, de unos 3.000 millones de euros, por construir en los astilleros españoles.
Para justificar su petición Utor ha recurrido al caso del tax lease francés, sistema de ayudas que también recibió un dictamen motivado por parte de la Comisión en diciembre de 2004 y que fue publicado en el DOUE en abril de 2005, fecha a partir de la cual la Comisión pidió que se devolvieran las ayudas concedidas, pero no las recibidas con anterioridad.
Sin embargo, Utor destaca que en el caso español la Comisión envío el dictamen motivado a España el 29 de junio de 2009 y se publicó en el DOUE el 21 de Septiembre de 2011, “pero pretenden pedir devoluciones a España desde abril de 2005, coincidiendo con el caso francés”.
Preguntado por cadenadesuministro.es, Utor ha reconocido que reclamar a partir de septiembre de 2011 no tiene consecuencias económicas para las navieras porque a partir de esa fecha cesaron los pedidos de buques a los astilleros ante la inseguridad creada por el dictamen.
Para el presidente de los navieros españoles esta diferencia supone un claro perjuicio para España. De materializarse las pretensiones del Comisario Almunia, Utor ha reconocido que sería un atentado a la seguridad jurídica española con unas vinculaciones internacionales muy importantes.
Según los datos que maneja Anave, el total de buques afectados por el sistema tax lease español denunciado por Holanda alcanza los 272. De estos, 180 navíos fueron solicitados por armadores extranjeros (el 66,2%) frente a los 92 buques solicitados por las navieras españolas (el 33,%).
Es decir, hay más armadores internacionales afectados que nacionales y, en opinión de Utor, estos clientes reclamarían a los astilleros españoles en función de las cláusulas firmadas en los contratos de construcción si las ayudas financieras no se respetan y tienen que ser devueltas. Además, los bancos que financiaron muchas de esos contratos también se verían abocados a devolver el dinero y, lógicamente, cerrarían el grifo a nuevas operaciones en España de este tipo, acentuando más la crisis del sector.
Pedir responsabilidades al Estado Español
Pero, además, el responsable de Anave advierte que también se podrían pedir responsabilidades patrimoniales al Estado Español “porque todas las operaciones fueron aprobadas por la Dirección General de Tributos del ministerio de Hacienda”. Ante este panorama, Utor reconoce que ya muchos armadores internacionales se han puesto a favor de España en el asunto y así se lo van plantear a la Comisión.
En todo caso, Adolfo Utor, que también preside la naviera Balearia, insiste en que con el sistema tax lease denunciado las navieras españolas no recibieron ayudas fiscales más ventajosas que en otros países y prueba de ello es que entre 2003 y 2010 se solicitaron a los astilleros españoles un total de 40 buques frente a los 48 que solicitamos en astilleros extranjeros, “de haber sido más beneficioso para nosotros encargar los buques en España, es evidente que lo hubiéramos hecho”, afirma.
Pero cuestiones económicas aparte, Utor no pasa por alto que este lío con el tax lease puede suponer la desaparición de la industria de astilleros española que, ha vuelto a recordar, da empleo a más de 80.000 personas. Así, desde la publicación del dictamen en septiembre de 2011 y la desaparición de cualquier modelo tax lease “creo que no se ha vuelto a encargar ni un solo pedido a los astilleros nacionales y se paralizaron los pedidos pendientes”. Por lo tanto, insiste el presidente de Anave, “la situación es muy difícil para los astilleros, con o sin resolución”.