Archivado parcialmente el caso de la venta de empleos de estibador en el puerto de Algeciras

La organización sindical Coordinadora alertó en el mes de marzo de 2018 a las autoridades sobre la supuesta existencia de una trama de estafadores, que estaría ofreciendo puestos de estibador a cambio de dinero.

20/05/2019 a las 23:19 h

estibadores del puerto de Algeciras La Fiscalía ha recurrido el archivo y la anulación de parte de las diligencias judiciales.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras ha decretado el archivo parcial del fraude de la estiba en el puerto de Algeciras. En mayo de 2018 se habían iniciado las diligencias para determinar el cobro de comisiones a cambio de puestos de trabajo en el sector, pero según recoge el diario Europa Sur, se ha procedido a anular todas las pruebas recabadas con posterioridad al 30 de noviembre.

La jueza encargada del caso esgrime que en esa fecha habían transcurrido los seis meses máximos para la instrucción, no habiendo quedado demostrada la existencia de delito, y sin que la Fiscalía solicitara durante el proceso la declaración de la causa como compleja, lo que hubiera permitido prorrogar la investigación.

La organización sindical Coordinadora alertó en el mes de marzo de 2018 a las autoridades sobre la supuesta existencia de una trama de estafadores, que estaría ofreciendo puestos de estibador a cambio de dinero a los interesados en formar parte de los procesos de selección, utilizando incluso nombres de los miembros del comité de empresa de la Sagep.

Sin embargo, ha sido por el momento exculpado el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, así como otras cinco personas que habían sido investigadas, entre las que se encuentran su ex-mujer y su hijo, Ángel Fernández.

La Policía Nacional atribuye a este último el cobro de las comisiones, mientras que su padre habría colaborado supuestamente en la devolución de parte de ese dinero, que le reclamaban quienes finalmente no lograron un empleo.

Desde la Fiscalía, ya se ha recurrido el archivo y la anulación de parte de las diligencias judiciales, al considerar que las actuaciones o parte de ellas estuvieron bajo secreto de sumario varios meses, habiéndose extendido el cómputo de seis meses más allá del 30 de noviembre.

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