Asturias reclama a Fomento el informe de la Olaf

Desde el gobierno asturiano afirman que aún desconocen la investigación y conclusiones del informe que obliga a España a devolver 198 millones de euros.

09/04/2014 a las 11:10 h

Días después de que los servicios de la Comisión Europea analizasen la información proporcionada por las autoridades españolas para el cierre del proyecto de ampliación del puerto de Gijón, junto con el informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude (Olaf), el gobierno asturiano desconoce el estado actual de la investigación y las conclusiones del mismo.

Según este informe de la Olaf,la UE obliga a España a devolver 198 millones de euros invertidos en El Musel. Según dicho informe, se han detectado supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra, licitada en 499,35 millones de euros y por la que se pagaron 710 millones de euros. Según ha informado eldiario.es

Desde el gobierno asturiano han reclamado oficialmente a Fomento el informe de la Olaf, que consideran imprescindible para elaborar una valoración o respuesta al mismo.

Europa investiga El Musel desde 2007

En el año 2007, la Comisión Europea abrió un procedimiento de revisión a raíz de que la Autoridad Portuaria solicitara más fondos para sufragar los sobrecostes. A dicha revisión, se sumaba la denuncia de IU pidiendo a Europa que no sufragase la misma.

En 2008, la Olaf inicia una investigación con la obra prácticamente concluida. El informe de la misma considera que existen motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea.

La investigación de la Olaf se planteó sobre la adjudicación que se hizo el 4 de enero de 2005,  de la mayor obra, por presupuesto, que se había adjudicado de una sola vez en España.

El entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha defendido que la contratación y la adjudicación cumplieron escrupulosamente la legislación española y que las investigaciones de la UE se deben a las discrepancias entre la normativa estatal y la comunitaria.

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