Cerca de 7.300 nuevas reclamaciones por el cártel de camiones empiezan a llegar a los Tribunales españoles

El bufete CCS Abogados confía en la fortaleza de las pruebas periciales que presenta para defender los intereses de 4.500 asociados de CETM en la compra de más de 34.000 vehículos.

02/02/2019 a las 12:31 h

camiones aparcados vehículos industriales transporte carretera CSS Abogados estima el sobrecoste medio en un 16,35% del precio original de cada camión.

El despacho CCS Abogados ha comenzado a presentar las primeras demandas de 4.500 empresas asociadas a CETM contra el cártel europeo de fabricantes de camiones en diferentes Tribunales españoles.

El bufete estima que son unas 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes que implican a más de 34.000 vehículos que se están llevando a los Juzgados de manera uniforme en todas las Comunidades Autónomas.

Las pruebas periciales realizadas para la presentación de las demandas estiman que, a lo largo de los catorce años de existencia del cártel, la indemnización estipulada sobre el precio original podría situarse en torno a una media del 16,35% del precio original de los vehículos, sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo, con lo que las indemnizaciones totales para los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros.

Para este elemento crucial que determinará el sentido de cada sentencia, CCS Abogados se ha coordinado con equipos técnicos de otros países para cuantificar los sobrecostes utilizando dos métodos econométricos distintos, el primero de ellos, a su vez, con dos modelos de contrafactual diferenciada, pero con conclusiones en sintonía en todos los supuestos, según indica el bufete.

Hasta ahora, los Tribunales alemanes especializados en Derecho de la Competencia han dictado el año pasado las primeras sentencias sobre reclamaciones por el cártel de camiones. Ocho de las nueve falladas hasta el momento han sido favorables a los demandantes.

CCS Abogados estima que en España, los afectados deberán recorrer un trayecto que comenzará en los juzgados de lo Mercantil de cada provincia, para llegar, si hay recurso, a las Audiencias Provinciales, antes de llegar finalmente al Tribunal Supremo. 

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