El martes 30 de diciembre, el sindicato CCOO ha advertido de que 2015 empezará en Correos con "tensión movilizadora" pendiente de los movimientos y propuestas sobre el nuevo convenio colectivo que realicen tanto la empresa como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, en la primera quincena de enero.
Desde el sindicato mayoritario en Correos, se añade que de no producirse avances o ser insuficientes, responderá con un calendario de movilizaciones durante todo 2015 que incluirá acciones institucionales y sindicales como concentraciones, encierros, paros parciales y huelga.
CCOO ha subrayado que "no firmará ningún convenio o acuerdo que recoja recorte de empleo, de salario y derechos", recordando que la empresa pública ha recortado en los últimos cuatro años más de 10.000 empleos.
A su juicio, esta política "lo único que hace es devaluar el empleo y servicio público de Correos e imposibilita la diversificación, como por ejemplo en el ámbito de la paquetería". Así, el sindicato sostiene que, a pesar de la caída de la carta, el volumen de paquetería está aumentando y no se podrá prestar un servicio de calidad reduciendo la plantilla.
Además, según el sindicato, los 53.000 trabajadores de Correos llevan años "sufriendo los ajustes salariales y de empleo bajo la excusa de la crisis".
Por ello, la organización sindical firmará un nuevo convenio "sólo si recoge incremento salarial en forma de un complemento fijo ligado a la producción, cobertura de las vacantes estructurales amortizadas en los últimos años y una plantilla suficiente para la prestación de un buen servicio postal público y mantenimiento de los derechos".
CCOO, junto con los sindicatos UGT, CSIF y Sindicato Libre, habían convocado una huelga en Correos para los días 22 y 23 de diciembre que decidieron aplazar a la segunda quincena de enero.
La convocatoria venía precedida por la huelga secundada por los trabajadores de Correos el pasado 27 de noviembre, que, según los sindicatos, fue determinante para desbloquear una negociación que estaba enquistada desde hacía más de un año, tras la denuncia del convenio por las cuatro organizaciones sindicales en noviembre de 2013.