Con las cartas sobre la mesa y trasladadas las propuestas del Gobierno, de los sindicatos y de la patronal Anesco para la reforma de la estiba española, el único punto en el que coinciden las tres partes es que las ayudas a los estibadores que decidan prejubilarse se financien con dinero público, que como muy bien 'dixit' la exministra socialista Calvo, "no es de nadie".
Sindicatos y patronal, en sus respectivos textos, transcriben la propuesta, con ciertos matices, que Fomento trasladó a los abogados de las partes el día 15 de marzo, en la víspera del debate en el Congreso, un documento al que ha tenido acceso cadenadesuministro.es.
Todos están de acuerdo en que han de destinarse ayudas públicas a los estibadores que se prejubilen, coincidiendo en que se podrán acoger aquellos a quienes resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria, así como en la necesidad de garantizar a los trabajadores acogidos a estas ayudas las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social.
No obstante, en lo que respecta al subsidio, patronal y Gobierno cifran este en el 70% del promedio de las percepciones salarialespor todos los conceptos correspondientes a los seis meses anteriores a la baja, mientras que los sindicatos elevan este al 80% y añaden que debe ser de un mínimo de tres veces el salario mínimo interprofesionalvigente en cada momento.
Diferencias en la voluntariedad de las bajas
También hay diferencias en lo que respecta a la voluntariedad de las bajas. Fomento ofreceayudas públicas a los trabajadores que "voluntariamente rescindan su contrato", ya sea por razón de su edad o "de los perjuicios que se deriven" en su caso de la adaptación del Derecho interno a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Los estibadores hablan de "un programa de reordenación del sector de aplicación voluntaria al personal subrogado", y apuntan que el programa tendrá vigencia temporal hasta adecuar las plantillas "al nivel óptimo de empleo".
Por su parte, Anesco suma a las bajas voluntarias ayudas también para "jubilaciones forzosas", para todos aquellos trabajadores que durante el período de transición cumplan los requisitos necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación.
Además, añaden un tercer punto a este epígrafe, por el que se "analizará la conveniencia de adaptar medidas complementarias", que serán aplicadas por las partes y sufragadas íntegramente por el Estado, en el caso de que estas medidas no cubriesen el 100% de las necesidades de adaptación del empleo.
Los estibadores por su parte, plantean destinar el 2% de la masa salarial anual de los trabajadores del sector para contribuir a la mejora e incentivación de las bajas voluntarias, que deberán asumir a partes iguales estibadores y patronal, no está recogida en la propuesta de Anesco.