El Gobierno aprueba la reforma de la LOTT para evitar el intrusismo y mejorar la competitividad empresarial

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  • El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto de reforma de la LOTT para mejorar el ejercicio de la profesión del transportista y permitir que el sector español acceda al marcado internacional de transporte de una forma “más competitiva”.

    Presentacion del proyecto de reforma LOTT en Consejo de ministros del 7 de diciembre de 2012.

    Mejorar la competitividad y eficiencia empresarial, evitar el intrusismo en el sector y que solo pueda facturar servicios de transportes de mercancías por carretera quien disponga de una autorización legal. Estos son, a grandes rasgos, los tres fundamentos principales que consagra el proyecto de nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) que finalmente el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes para su envío y tramitación en las Cortes Generales a partir de enero.

    Tres fundamentos que junto a la armonización con la normativa europea harán del transporte de mercancías por carretera español “mejorar el ejercicio de la profesión del transportista y permitir que el sector español acceda al marcado internacional de transporte por carretera europeo de una forma más competitiva”, aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la presentación del proyecto en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

    Adaptación necesaria

    En su opinión, esta adaptación de la LOTT es necesaria por lo obsoleta que se ha quedado la actual norma que data de 1987 dado la “evolución experimentada el mercado de transporte por carretera en España desde entonces”. Además, con esta revisión se incorporan aquellas reformas que han ido introduciendo durante los últimos años los reglamentos comunitarios dictados en materia de transporte, para lograr así una mayor transparencia y seguridad jurídica.

    Pastor destacó la simplificación y flexibilidad de trámites que proporcionará al sector la norma una vez que se apruebe dado que “en la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación del mismo“. Con la modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.

    Además se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente a través de internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros. “Con esta medida se consigue una importante reducción de costes y de los tiempos de tramitación de las solicitudes”. En concreto, Ana Pastor destaca que en una “hora en proceso automático se podrá obtener la licencia de transporte”, matizando no obstante que “esto no evita hacer las inspecciones correspondientes para garantizar que todo es correcto.

    Facturará quien tenga licencia, de sentido común

    Dada la fuerte atomización que sufre el sector español de transporte de mercancías por carretera y la competencia desleal que se da en muchos casos, Pastor se esforzó mucho en destacar del proyecto que evitará el “intrusismo” porque solo podrán facturar servicios de transportes de mercancías quien tenga autorización de transporte. Esto, aseveró, “es lo que dicta el sentido común, pero no siempre está ocurriendo ahora”.

    De esta forma, el proyecto intenta atajar de una vez el conflicto que se vive en el sector con las denominadas “falsas cooperativas” que permite que sus asociados puedan facturar utilizando la autorización de la cooperativas en lugar de la del transportista, una práctica que ha sido muy criticada por las principales asociaciones del sector, CETM y Astic, pero que por el contrario han defendido otras, como Fenadismer, Fenacotrans o la propia ATA, al considerar que es falso que exista fraude en estas cooperativas. De hecho, Fenacotrans califica este proyecto de ley un “ataque a la economía social del transporte” y asegura que pondrá en riesgo más de 20.000 puestos de trabajo tras su entrada en vigor con la desaparición de la práctica totalidad de las cooperativas españolas de transporte.

    Otro aspecto que se potencia es el de las juntas arbitrales para la resolución de conflictos. Para la ministra esto ha sido “una petición muy reiterada por el sector” y, por ello, a partir de ahora estos organismos podrán mediar en conflictos con una cuantía de hasta 12.000 euros en lugar de los 6.000 de hasta ahora. De esta forma, cree Pastor, “a través de las juntas se podrán resolver la inmensa mayoría de los conflictos”.

    Tarifas mínimas, imposible fijarlas por la administración

    Un aspecto muy destacado del proyecto en el que también incidió la ministra fue el que se suprime toda posibilidad de que la administración imponga tarifas mínimas en el transporte por mercancías reforzando de esa forma el principio de “libertad mercantil” que implica que quien se introduzca en el misma lo hará a “riesgo y ventura”. De esta forma, Fenadismer también ve negada una de sus principales pretensiones desde hace años como es la de fijar unas tarifas mínimas que imposibilite a los empresarios del transporte trabajar “a pérdidas” y evitar así también la mala praxis en el sector. Para Pastor, que la actual norma recoja la posibilidad de fijar tarifas podía “tener sentido cuando se abordó la norma en los años 80 pero no ahora”.

    El proyecto prevé también una nueva regulación del régimen sancionador, armonizando sus previsiones a las infracciones previstas en el marco comunitario, con lo que se mejora la seguridad jurídica a las empresas, especialmente a las que realizan transporte internacional.

    Inspección y sanciones

    Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el viernes también la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 5/1987 de Delegación de Facultades del Estado en las comunidades autónomas en materia de Transportes por Carretera y por Cable.

    Esta reforma, que por su objeto se tramita de manera paralela a la modificación de la LOTT, pretende simplificar y agilizar los procedimientos de inspección y sanción en el transporte por carretera, para mejorar la eficiencia en la persecución y sanción de infracciones.

    En concreto, el proyecto contempla que las comunidades autónomas pueden inspeccionar y, en su caso, sancionar, por delegación del Estado, los servicios de transporte por carretera y por cable, tanto en los centros de trabajo que las empresas tengan en su territorio como en los vehículos que circulen por el mismo.

    Se mantienen respecto a la anterior redacción las materias que no son objeto de delegación en ningún caso, como inspección y control en frontera de los transportes internacionales y las funciones de vigilancia de la guardia civil, así como la posibilidad de que la Administración del Estado pueda en cualquier momento, y con independencia de la delegación realizada, llevar a cabo en las inspecciones que estime necesarias.

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