El Gobierno contempla abordar una "liquidación ordenada" de la decena de autopistas en quiebra, en el caso de que esta opción tuviera un menor impacto en las arcas públicas que rescatar las vías mediante la constitución de una empresa pública de autopistas.
Los ministerios de Hacienda y de Fomento analizan desde hace más de un mes estas dos posibles soluciones para las autopistas en problemas, todas ellas en concurso de acreedores.
Se trataría de determinar la alternativa con un menor coste en las cuentas públicas, fundamentalmente, en el déficit.
La opción de constituir una sociedad pública de autopistas cuenta ya con el acuerdo de las sociedades concesionarias de las vías y de sus bancos acreedores, con los que mantienen una deuda total de unos 3.500 millones de euros.
Fomento controlaría el 80% de la empresa, mientras que el otro 20% se repartiría entre las empresas concesionarias que actualmente gestionan las autopistas, controladas por grandes constructoras cotizadas.
La constitución de esta empresa nacional de autopistas cuenta con el visto bueno de la banca y con su disposición a refinanciar la deuda asociada.
La opción de la liquidación pasaría por que el Estado afronte la responsabilidad patrimonial, por un importe que asciende a unos 4.000 millones de euros, lo que incluso requeriría un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda.
En ambos casos, estas diez autopistas podrían tener que afrontar pagos de expropiaciones por un total de 2.300 millones de euros, un monto cinco veces superior al inicialmente presupuestado, si bien están a la espera de que se dicten sentencias sobre la valoración de los terrenos.
Precisamente, el sobrecoste que registraron al expropiar los terrenos sobre las que se construyeron y la caída de los tráficos por la crisis constituyen las principales causas de la situación de esta decena de autopistas, las de más reciente construcción.
En este sentido, el Gobierno aprobó recientemente un cambio normativo por el que si tuviera que afrontar expropiaciones por insolvencia de alguna de las vías, el correspondiente pago se descontaría de la responsabilidad patrimonial que tiene sobre la infraestructura.
Los departamentos que dirigen Ana Pastor y Cristóbal Montoro estudian las dos distintas alternativas que barajan para solventar el problema de las autopistas mientras avanzan los procesos concursales en que todas ellas están inmersas. De hecho, algunos están ya en fase de convenio e incluso tienen convocada la junta de acreedores.
La decena de vías de pago en riesgo de quiebra son las cuatro autopistas radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante, la Alicante-Cartagena y la que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas.