Aznar se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel si finalmente es acusado por malversación de fondos y prevaricación.
En un comunicado emitido a última hora de este lunes 30 de noviembre, la Autoridad Portuaria de Valencia informaba de la decisión de "dejar en suspenso de sus funciones en el área internacional a Rafael Aznar hasta la resolución final del procedimiento judicial en curso, pasando a realizar mientras tanto las funciones propias de su categoría profesional".
La Generalitat de la Comunidad Valenciana había solicitado a la Autoridad Portuaria de Valencia que destituyera a Rafael Aznar de todos su cargos, tras conocerse que había sido procesado por supuestos cobros de sobresueldos sin justificar y por trabajos no realizados en la sociedad ‘Valencia Plataforma Intermodal y Logística’ (VPI) hasta 2011.
Aznar se encontraba al frente del área de Relaciones Internacionales, cargo que le fue asignado por su sucesor como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y en el que había decidido mantenerle en un primer momento, bajo la presunción de inocencia y con el fin de aprovechar las aptitudes comerciales de Aznar.
Sin embargo, desde el gobierno regional, se consideraba que el pasar de la condición de imputado a procesado era suficiente argumento para la destitución del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. "No puede pasar que una persona procesada tenga responsabilidad relevante" en el puerto, había declarado la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra.
No obstante, por el hecho de contar con una plaza como funcionario, Aznar tendría que continuar trabajando en el puerto. Por eso se indicaba que "mantendrá su puesto, pero no puede tener una responsabilidad relevante después de este currículum", aseguró Oltra.