La Izquierda Plural ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que demanda al Ministerio de Fomento que negocie el nuevo Reglamento de Transporte por Carretera (ROTT) con los agentes del sector afectados, ya que con su actual redacción provocará una precarización del trabajo en el transporte ligero y la desaparición de muchos autónomos en el transporte pesado.
En la iniciativa que será debatida en la Comisión parlamentaria de Fomento, la coalición señala que el proyecto de orden ministerial que desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) tendrá "consecuencias muy negativas" por los cambios en el sistema de concesión de autorizaciones de transporte de mercancías.
Al no exigir ninguna cualificación a sus profesionales, se corre el riesgo de una "desprofesionalización creciente" del transporte ligero, a la vez que llevará a la "desaparición a medio plazo" de los autónomos al "impedir de facto la nueva incorporación de éstos por el endurecimiento de las condiciones impuestas a la transmisión de las autorizaciones".
Y es que, según IU-ICV, ya no se permitirá que la adquisición del patrimonio de una empresa por parte de una persona física titular de uno o dos vehículos de transporte pesado conlleve también la transmisión de la autorización, algo que sí sucede si quien compra es una sociedad. Esto supondrá, además, una pérdida de valor del patrimonio de los transportistas autónomos.
Mayor precariedad en el transporte ligero
"Es probable que estas medidas perjudiquen al colectivo de autónomos del transporte pesado sin propiciar en paralelo la presencia de empresas de mayor tamaño dentro del sector. Por el contrario, sí parece que se pretende estimular la presencia de empresas con otras formas jurídicas diferentes a la del empresario persona física en el transporte pesado y desviar la figura del transportista autónomo hacia el transporte ligero, lo que precarizará de forma definitiva este tipo de transporte", se advierte desde la Izquierda Plural.
Por todo ello, y "dado que éste sector tiene importantes impactos económicos y sociales", el grupo parlamentario quiere que Fomento paralice la modificación del reglamento y abra un proceso negociador con las asociaciones y agentes implicados.
Se trataría de que "cualquier modificación normativa preserve el equilibrio del mercado, impida la precarización del transporte ligero y permita la supervivencia de las empresas que operan en el sector", de modo que "ninguna de las partes vea primados sus intereses en perjuicio del resto".