Desde principios de 2017, tanto el Ministerio de Fomento como las Comunidades Autónomas están tramitando los requerimientos de inspección y los expedientes sancionadores por vía exclusivamente electrónica, al eliminarse el procedimiento de notificación por carta postal certificada que se utilizaba con anterioridad.
Ello ha ocasionado "una importante indefensión e inseguridad jurídica para los transportistas", según denuncian desde Fenadismer, ya que al ostentar competencias en materia de inspección de transporte tanto Fomento como las Comunidades Autónomas, y en algunos casos las Diputaciones provinciales forales o los Cabildos insulares, cada uno ha utilizado sus propios servicios de notificación.
Esto ha obligado a los transportistas a recorrer multitud de sedes electrónicas para consultar el contenido de los expedientes sancionadores, ya que la falta de respuesta a un requerimiento de inspección es sancionada como infracción muy grave, con multa de hasta 4.001 euros.
Consciente de dicha situación, el Ministerio ha introducido una nueva regulación en la reforma del ROTT, de modo que todas las administraciones territoriales con competencias en materia de transporte deberán utilizar los programas y aplicaciones diseñadas por la Oficina Central del Registro de Empresas y Actividades de Transporte.
Esta regulación, en vigor desde el 21 de febrero de 2019, afecta tanto a la gestión de autorizaciones de transporte como a la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores. Sin embargo, tal y como han constatado desde la Federación, algunas administraciones territoriales continúan utilizando sus sedes electrónicas, lo que supone una clara vulneración del Real Decreto recientemente aprobado.