Tras varias jornadas con múltiples incidentes y bloqueos, que han supuesto colas de miles de camiones que ocupaban hasta 13 kilómetros en las carreteras vascas desde la frontera de Irún y el colapso de los aparcamientos en todas las áreas de servicio de la N-I hasta a 35 kilómetros de distancia desde el paso de Biriatou, los transportistas españoles siguen pendientes del impacto de las movilizaciones ciudadanas en Francia, así como del cierre intermitente de los pasos fronterizos.
La situación tiene su origen en una protesta ciudadana convocada por redes sociales que se celebró para denunciar la subida de impuestos de los combustibles, pero ha acabado generando graves problemas y pérdidas al sector del transporte nacional e internacional, que no puede circular por el país.
Asimismo, se han cerrado algunas de las fronteras entre España y Francia, lo que ha agravado todavía más los problemas de tránsito, aunque finalmente se han vuelto a abrir. Miles de transportistas españoles han estado atrapados varios días en el interior de sus vehículos, sin poder atender sus necesidades básicas tanto de alimentación como de higiene, según denuncia Fenadismer.
La Federación lamenta que se esté utilizando como “rehenes” a miles de transportistas y conductores que no son los responsables del aumento del precio. Sostiene además que la gendarmería francesa no está garantizando el derecho a la libre circulación, lo que denota "una cierta complicidad con los manifestantes".
En la CETM han dado también la voz de alarma por el estado en que se encuentran los conductores españoles, "en condiciones infrahumanas, tirados en las cunetas, y sin poder cumplir su misión de transportar bienes y suministros".
A su vez, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Astic, ha alertado sobre los problemas de suministro a fábricas, el desabastecimiento de alimentos en los puntos de venta y el deterioro y pérdida de productos perecederos, cuyos costes estimados estarían ya en torno a los dos millones de euros.
Intervención del Gobierno
En este contexto, las principales organizaciones profesionales de transporte, tanto francesas como españolas, han asegurado que su situación económica no les permite perder días de trabajo. Por ello, desde la CETM han solicitado la intervención del Gobierno ante su homólogo francés para exigirle que actúe de forma urgente.
Si no se toman medidas pronto para garantizar la libre circulación, la situación podría complicarse con el empeoramiento de las condiciones climáticas. De igual modo, Fenadismer ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores a tratar con las autoridades galas esta "cuestión de extrema necesidad".