Los retos actuales y futuros que marcan la competitividad de las empresas españolas de transporte frigorífico en Europa han centrado el debate en el IV Congreso Nacional de Transporte Frigorífico que ha celebrado la Asociación Española de Empresarios de Transportes bajo Temperatura Controlada, Atfrie, en la localidad valenciana de El Puig.
Desde 2010, las empresas tienen responsabilidades penales sobre la actuación de los profesionales que trabajan en su nombre.
En este sentido, las empresas de transporte, en general, y las de transporte frigorífico, en particular, deberían contar con planes de previsión de delitos y riesgos penales ante las posibles infracciones penales que hayan cometido los trabajadores en su actividad profesional, tal y como ha explicado Luis Moro, director general de Intedya Ibérica, durante la cita organizada por Atfrie.
Para ayudar a las empresas en esta tarea de limitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas existe una serie de herramientas legales destinadas a atenuar y eximirdicha responsabilidad penal. Igualmente, también pueden aplicarse diferentes normas de calidadexistentes en este ámbito, tanto a nivel nacional como internacional.
Brecha de competitividad
Por otra parte, las diferencias de costes laborales existentes entre los países de la Unión Europea abren una brecha de competitividad que hace que muchas empresas de transporte busquen aprovecharlos a través de la creación de empresas buzón.
En este sentido, en el seno de la Unión Europea existen diferentes interpretaciones del marco legalque hacen que las normas no tengan una aplicación uniforme en toda la UE.
Así, como explica Mireia Llobera, profesora de Derecho de la Universidad de Valencia, existe una aplicación intensiva de las normas europeasque hacen los países del centro de la UE para defender a sus empresas, frente a la actuación de los países de Europa del Este que bloquean el endurecimiento de la legislación europea y el aumento de los controlespara mantener su competitividad.
En nuestro país, las normas europeas de trabajadores desplazados tienen una aplicación muy laxa, lo que facilita la implantación de empresas de fuera en nuestro país, a juicio de Llobera.
En este marco, España debe fijar un marco legislativo que no dificulte la competitividad de nuestras empresas de transporte, que facilite la creación de empleo y que no perjudique a las empresas españolas en comparación con las de otros países de la Unión.