En PlaZa había sobreprecios por 104 millones de euros

Según el responsable de Fomento de Aragón, "aparte de obras sin acabar, había obras a precios superiores, por encima de lo que debía o revisiones de precios insuficientemente justificadas".

06/07/2014 a las 4:05 h

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, encontró tras llegar a la presidencia del Consejo de Administración de la sociedad pública Plataforma Logística de Zaragoza, PlaZa, en 2011, obras certificadas sin terminar y "revisiones de precios inadecuadas" por un total de 104 millones de euros, según recoge un informe.

Así lo ha declarado en la comparecencia realizada el pasado miércoles 2 de julio ante la comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la gestión de dicha empresa pública.

Durante la comparecencia, Fernández de Alarcón ha expresado que el nuevo equipo jurídico encontró contratos de compraventa cuyas cláusulas "no nos parecían lo más conveniente para la economía de la sociedad"

Ha discrepado de la certificación de 104 millones de euros, señalando que se han llevado a cabo revisiones de precios "inadecuadas""Aparte de obras sin acabar, había obras a precios superiores, por encima de lo que debía o revisiones de precios insuficientemente justificadas".

El responsable de Obras Públicas y el resto del Consejo consideraron que era una "obligación" realizar comprobaciones "cuando teníamos evidencias de que las denuncias recibidas de terceros pudieran ser ciertas", un proceso que "no ha sido nada agradable y que nos hubiera gustado evitar".

Ha apuntado que no se realizaron todas las certificaciones pendientes y algunas no fueron firmadas por quienes habitualmente cumplían este cometido. Como ejemplo ha comentado que se había contratado un servicio de videovigilancia que tuvo un coste de tres millones de euros y que "no se había acabado".

En su opinión "se ha utilizado el modificado de contratos por encima de los límites", como por ejemplo son unos primeros contratos valorados inicialmente en 70 millones que después han costado más de 200.

El consejero ha proseguido afirmando que la auditoría de la Intervención General de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2011 "tampoco fue excesivamente relevante" y "no parece que nos determinara nada positivo", insistiendo en que siempre se ha dado cuenta al Consejo de los informes importantes.

En otro orden de cosas, ha dicho que los responsables de la empresa asesora Intecsa-Inarsa "no trabajan y no proponen nada" desde octubre de 2011, por lo que el actual gerente de PlaZa, Jesús Andreu, ha intentado que colaboren con el actual consejo, poniéndose en contacto con la dirección en Madrid y Canadá. La resolución del contrato está en trámite.

Deuda

Fernández de Alarcón ha explicado que en octubre de 2011 recibió una deuda de más de 150 millones de euros que podía hacer entrar a la sociedad en concurso de acreedores, por lo que "fue preciso renegociar la deuda a corto plazo con avales exclusivos del gobierno de Aragón".

El consejero del ejecutivo autonómico ha aseverado que "hemos ido pagando una parte importante de las deudas que teníamos con los proveedores" y que se ha firmado un crédito sindicado por valor de 110 millones, aportándose hasta el momento más de 30. El gobierno está renegociando la deuda de la sociedad para evitar el concurso de acreedores que sería "inevitable" si no se reestructurara.

Ha comentado que el plan de saneamiento necesitará una "nueva financiación de los socios en los próximos años" y que para conseguir que PlaZa sea el centro de la logística del suroeste de Europa es necesario que las administraciones públicas lo financien.

Otro objetivo, al iniciar su mandato en PlaZa, ha reseñado el consejero de Obras Públicas, ha sido "cumplir con urgencia con los compromisos comerciales aprobados en anteriores Consejos que, tal y como estaban escritos, nos ponían en la grave situación de incrementar las pérdidas reales". Por ejemplo, estaba pendiente la realización de obras para conseguir que Decathlon pudiera tener la licencia municipal que le permitiera instalarse.

También se cambió el asesoramiento jurídico de la sociedad, que "no era el más adecuado", y se firmó un convenio con la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Otra actuación ha sido negociar con los contratistas "para que nos rebajaran los pagarés que tenían". Asimismo, se ha mantenido y potenciado el equipo comercial y "hemos reducido precios, hemos hecho cosas", aunque "no hemos tenido más éxitos que otras áreas logísticas de España".

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