Los transportistas analizan con la Administración la situación del sector en España.
La sede del Ministerio de Fomento ha acogido este jueves 12 de noviembre la reunión anual entre las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y la Dirección General de Transporte, estando presente el organismo nacional y los directores generales de Transporte de las 17 comunidades autónomas españolas.
Durante la misma, desde el CNTC han expuesto a las administraciones públicas los principales problemas que afectan al transporte por carretera español.
Entre otras cuestiones, los transportistas han destacado su rechazo a las propuestas autonómicas de establecer peajes en las autovías libres de pago, su preocupación por la potenciación del ferrocarril en detrimento del transporte por carretera, el mal funcionamiento de algunas Juntas Arbitrales de Transporte o la necesidad de establecer ayudas públicas para la renovación de la formación CAP.
También han incidido en la necesaria armonización en materia de fiscalidad sobre los carburantes para evitar efectos frontera entre las CCAA, su intranquilidad por la normativa reguladora del acceso al sector y el rechazo del sector al incremento del tonelaje a 44 tn o de la altura máxima de los actuales vehículos de transporte.
Apuntes desde Fenadismer
Junto a las apreciaciones de la CNTC, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han señalado que el intrusismo laboral es el que impide al sector ser partícipe del crecimiento económico que experimenta el país.
Dicho intrusismo viene motivado, principalmente, por la desregulación del transporte ligero, la competencia desleal de los tractores agrícolas que realizan transporte público de forma ilegal, y la deslocalización en países del Este de Europa de empresas de transporte españolas que están ocasionando dumping social.
En este contexto, desde la Federación consideran "imprescindible" aprobar con carácter urgente la normativa de transposición de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores extranjeros en España, así como el establecimiento de la exigencia del salario mínimo a las empresas extranjeras que operen en el país, como se ha aprobado en otros países europeos.