Durante su intervención en un encuentro organizado por Executive Forum España, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha destacado este jueves 11 de septiembre que hasta el final de la legislatura se licitarán obras de carreteras por importe de más de 1.000 millones de euros.
Así, en el presente año 2014 y antes de finalice 2015, está prevista la puesta en servicio de 344 kilómetros, cerrándose itinerarios estratégicos como la A-8 en Asturias y Cantabria; la A-7 en Granada y la autovía A-66 Ruta de La Plata entre Benavente y Zamora.
En el sector del ferrocarril, Catalá ha señalado que se está impulsando la ejecución de nuevas obras y que entre enero y agosto de 2014 se ha incrementado el volumen de licitación, alcanzado un acumulado de 3.826 millones de euros.
Mejora económica en los aeropuertos
Con respecto al estado actual de los sistema aeroportuaria español, el secretario ha defendido que durante los últimos tres años se ha producido una duplicación del resultado bruto de explotación, de 883 millones de euros a 1.610 millones de euros, así como una mejora de la eficiencia en la gestión con un recorte de gasto de 255 millones de euros.
También ha resaltado una mejora en la generación de caja, que ha pasado de -511 millones de euros en 2011 a 846 millones de euros en 2013, la entrada en rentabilidad, de -215 millones de euros en 2011 a 597 millones de euros en 2013, la mejora de la relación deuda/EBITDA, de 13,8 en 2011 a 7,1 en 2013, la racionalización de las inversiones, y la adecuación a valor de mercado de las tarifas aeroportuarias.
En este punto, el secretario ha reiterado que la presencia de inversores privados en Aena fortalecerá la gestión de la compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red y que una mayor eficiencia favorecerá al sector del transporte aéreo en España, así como a los sectores estratégicos vinculados como el turismo y el comercio.
Con respecto al sistema portuario, Catalá ha señalado que las medidas aprobadas en julio, entre ellas la de ampliar el plazo máximo de las concesiones portuarias de 35 a 50 años, generarán mayor competitividad en los puertos al estimular la inversión privada.