La Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi, ha sacado a licitación pública la contratación de la redacción del proyecto, ejecución de la obra, puesta en servicio, operación y mantenimiento del sistema de peaje que quiere tener operativo en la N-1 a partir del próximo 2018.
De este modo, la administración guipuzcoana avanza con paso firme en su proyecto, del que informó a principios de este mes de julio, por el que pretende establecer un peaje únicamente a vehículos pesados, frente a la oposición del sector del transporte por carretera vasco.
Desde la Diputación han venido defendiendo durante la última semana que han escogido "la mejor de las opciones".Así lo ha señalado el diputado general, Markel Olano, y lo ha reiterado, aunque con diferentes palabras, la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide. Según la diputada, la administración guipuzcoana "tenía dos alternativas" ante la situación en la N-1, "o poner el peaje o prohibir la circulación de camiones" en esta carretera.
En palabras de Olano, Guipúzcoa es "un territorio de paso", donde los transportistas de Europa generan un coste en el mantenimiento de las carreteras. Por ello, considera “de justicia” que contribuyan a su financiación.
Partiendo de la base que la normativa europea no permite hacer distinciones entre el origen de unos camioneros y otros, la medida escogida es “el sistema menos perjudicial para los transportistas locales”, apunta el diputado general, quien se ha comprometido además a estudiar cómo pueden apoyar al sector desde la administración.
Declaraciones contradictorias
La posición de Oiarbide es más contradictoria, ya que, aunque asegura que la administración "pone el foco en aquellos que no son guipuzcoanos y que, por evitar el peaje de la autopista, pasan por la N-1", también asegura que "el que use tiene que pagar".
En la misma línea, la diputada recuerda que el sistema de cobro se ha diseñado para "que tenga la mínima incidencia en los transportistas locales", y valora el carácter disuasorio de la medida, en lo que se refiere al tránsito en la N-1, mientras hace hincapié en que la prohibición del paso a los camiones no habría "arreglado" el problema de la financiación de la carretera.
Según las expectativas de la administración, la medida ahorrará a las arcas públicas unos seis millones de euros al año gracias, reiteran, "al tráfico de paso".