El expresidente del puerto de Avilés, Raimundo Abando, ha puesto sobre la mesa nuevos nombres.
La Audiencia Nacional continúa investigando las presuntas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. Así, recientemente ha prestado declaración el director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino, que ha explicado que los informes jurídicos sobre las actuaciones efectuadas fueron firmados por la Abogacía del Estado, según recoge el diario El Comercio.
Por ello, el director, que en los años de las obras fue jefe del departamento de Secretaría y Asuntos Jurídicos, ha rechazado haber tenido alguna responsabilidad y ha asegurado que sus labores se ceñían a asuntos de personal, o bien de calidad y excelencia.
En esta línea, también ha apuntado que carecía de voz y voto en el Consejo de Administración del puerto, limitándose a dar fe de lo que se debatía en las reuniones.
Por su parte, el secretario del Consejo de Administración, Alfredo Álvarez Suárez del Villar, propietario una de las canteras de Aboño, que no fue explotada, ha indicado que al iniciarse las obras, contaba con todas las licencias para comenzar la extracción de hasta cuatro millones de toneladas de cuarcita.
Ofreció la cantera hasta en dos ocasiones a la Autoridad Portuaria, pero según ha explicado, le contestaron que no podía realizarse un contrato entre particulares. También negoció con la UTE Dique Torres, sin lograr llegar a un acuerdo debido a los precios.
Dos nuevos nombres
En cuanto a Raimundo Abando, expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés que presentó la primera denuncia por supuestas irregularidades, puso sobre la mesa dos nombres más. Así, declaró que Joaquín Ayuso, un directivo de Ferrovial, le había dicho que ya se sabía a quién se iba a adjudicar la obra antes de hacerse público.
También afirmó que Emilio Menéndez, expresidente del puerto gijonés que aprobó la liquidación de la obra, le había facilitado cierta documentación, lo que podría suponer, según los letrados, una revelación de secretos.