Según la Comisión Europea, la Autoridad Portuaria de Gijón deberá devolver 198 de los 710 millones de euros que se dio desde la UE para sufragar la ampliación de el Musel, ya que cometió dos irregularidades, como son la fijación de precios de la piedra después de firmar la obra, y por avalar el pago de la UTE adjudicataria a HC por la cantera de Aboño, según ha informado 'El Comercio'.
En este sentido, la UE considera innecesario que la Autoridad Portuaria de Gijón avalase el pago de la cantidad convenida a la eléctrica. Sin embargo, desde el puerto se ha explicado que se accedió por si, finalmente, la adjudicataria de los trabajos de ampliación no llegara a realizarlos, situación que no ocurrió.
Además, desde Europa se considera anómalo que el puerto firmase un acuerdo para establecer el precio que se debería pagar por la piedra extraída. No obstante, la Autoridad Portuaria ha declarado que en el contrato de adjudicación se estableció el precio de los materiales colocados en la obra, no el coste de la piedra en cantera.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria quiso favorecer la utilización de la cantera de Aboño con el objetivo de facilitar el abastecimiento de piedras y de evitar que una entidad copropietaria de la cantera gozara de ventaja frente a otras constructoras.
De hecho, firmó un acuerdo de utilización para que la empresa que resultase adjudicataria pudiese utilizarla. Una explicación que va en contra de lo considerado por la CE, que opina que propiciar el uso de la cantera más próxima otorgó ventaja a la adjudicataria.