Bruselas cuestiona el salario mínimo para conductores extranjeros implantado en Francia y Alemania.
La Comisión Europea ha decidido emprender acciones legales contra Francia y Alemania debido a las consecuencias de la aplicación de sus leyes de salario mínimopara el sector del transporte por carretera.
Si bien el organismo europeo apoya los principios del salario mínimo, también sostiene que la aplicación sistemática de la legislación por parte de Alemania y Francia para todas las operaciones de transporte "restringen de forma desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías", indican desde la Comisión.
Por tanto, tras haber realizado una evaluación jurídica exhaustiva de la norma francesa, que entrará en vigor el 1 de julio, y haber mantenido el correspondiente intercambio de información con el país, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a Francia,que supone el paso previo a un procedimiento de infracción que podría acabar en el Tribunal de Luxemburgo.
Del mismo modo, la Comisión ha decidido enviar otra carta de emplazamiento a la administración germana. Esta es la continuación del inicio del procedimiento de infracción iniciado en mayo de 2015, tras mantener extensas conversaciones con las autoridades alemanas con el fin de llegar a una solución amistosa.
Sin embargo, ni la respuesta del país a la carta de emplazamiento ni las discusiones posteriores han disipado las principales preocupaciones de la Comisión.
En ambos casos, el organismo europeo considera que la aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional "no está justificado", ya que crea "barreras administrativas desproporcionadas que impiden que el correcto funcionamiento del mercado de la Unión", apunta la Comisión.
Ahora, las administraciones francesas y alemanas disponen de dos meses para responder a la Comisión.
Satisfacción desde España
Tras "aplaudir" la decisión de Bruselas, desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, Astic, han solicitado a Europa que aclare "inmediatamente" la normativa y se aplace la entrada en vigor del salario mínimo francés para el transporte por carretera.
Desde la asociación solicitan a la Comisión desbloquear esta situaciónque afecta a la vertebración europea y "que va a llevar a la ruina de los empresarios del transporte que tengan empleados propios, incapaces de poder cubrir las diferentes demandas burocráticas y fiscales que los Estados miembro están exigiendo al transporte por carretera", apuntan.
Por ello, aunque aplauden "el despertar de este letargo burocrático que sólo dificulta y ralentiza la actividad del sector", los transportistas piden la creación de una legislación clara para todos los Estados de la UE que permita la libre circulación de bienes y servicios.