Pasa la vida, como dice la canción, y a medida que el almanaque va perdiendo hojas se acerca el 14 de mayo, una fecha señalada a los calendarios de los agentes de la estiba desde que se aprobara la reforma de las condiciones laborales de la manipulación portuaria de mercancías, ya que marca el fin del plazo de un año para que los convenios colectivos se adapten a la nueva normativa.
La semana pasada, Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora, afirmó en Radio Algeciras, que existe una posibilidad cierta de una nueva huelga en la estiba, dado que Fomento aún no ha publicado oficialmente el reglamento que desarrolla el Real Decreto que liberaliza la manipulación de mercancías.
Con estas palabras, además, Goya reclama garantías para los trabajadores del sector.
En respuesta a estas declaraciones, Anesco, esta misma semana, ha insistido en "la necesidad de evitar nuevos periodos de conflictividad laboral, que conllevarían efectos muy negativos en el desarrollo de los tráficos portuarios", al tiempo que ha pedido "responsabilidad de las organizaciones sindicales para que eviten situaciones de inestabilidad en nuestros puertos, perjudiciales para todos, y hace un llamamiento al Gobierno para que resuelva la situación, dotando de seguridad jurídica a las relaciones laborales en el sector de la estiba, especialmente durante el periodo transitorio previsto en el Real Decreto Ley 8/2017".
En este sentido, la organización argumenta que "el desarrollo de las negociaciones entre empresas y representantes de los trabajadores para adaptar los convenios colectivos requieren del conocimiento previo del marco jurídico aplicable y de plazo suficiente. Por este motivo, es necesario que se apruebe lo antes posible el reglamento del sector de la estiba y que se adopten soluciones que permitan la negociación colectiva con plazo y estabilidad suficiente" y refiere que "las empresas, los trabajadores, los clientes de los puertos y el conjunto de la comunidad portuaria no deben, de nuevo, cargar con los efectos dañinos que provocan posibles amenazas de huelga, derivadas del cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del marco jurídico aplicable que debe determinar el Gobierno y las Cortes Generales".