El tribunal de lo Contencioso-Administrativo contra la Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA) ha perdido en dos sentencias diferentes los recursos presentados en 2012 contra los nombramientos de Santiago Rodríguez Vega como presidente de la Autoridad Portuaria de Avilésy de Joaquín Aréstegui como delegado de SEPIDES en Asturias, la filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según ha publicado La Voz de Avilés.
USIPA presentó la denuncia en septiembre de 2012, al considerar que ambos nombramientos eran “contrarios al derecho”, ya que entendía que esos puestos debían recaer en profesionales de “reconocido prestigio” sin hacer caso de la libre designación, según el criterio expuesto en la argumentación del recurso.
Una vez admitida a trámite la demanda, a lo largo del pasado año 2013 se realizaron los trámites necesarios, que concluyeron con la sentencia fallada este pasado 27 de febrero y que ya es firme, ya que ninguna de las partes la ha recurrido.
Cargos de confianza
La sala de lo Contencioso-Administrativo es tajante al rechazar las pretensiones de USIPA, condenando al sindicato a pagar las costas del proceso.
En la argumentación de la sentencia, la sala recuerda que los principios de igualdad, mérito y capacidad y la convocatoria pública que reclama el sindicato “no serán de aplicación para el personal directivo y de confianza”, situación en la que se encuentran los dos cargos.
La conclusión del alto tribunal, después de analizar las características de ambos cargos directivos y los procesos de designación de sus responsables, es que “no nos hallamos ante un supuesto de acceso a la función pública en el que deben primar los principios de igualdad, capacidad y mérito para acceder a la misma, sino ante el nombramiento de cargos de libre designación, como supuestos específicos y singulares previstos en la normativa vigente”, concluyen los magistrados.
Se recuerda así mismo, que la legalidad ampara el carácter discrecional de ambos nombramientos, “basado en el principio de confianza que debe tener la autoridad competente, en función de su aptitud profesional e idoneidad o, en su caso, para cesarlo, pues a dicha autoridad le corresponde en exclusividad determinar si el designado es la persona idónea para desempeñar el cargo", señala la sentencia.
Son, además, supuestosplenamente asentados en el entramado legal como lo demuestra, en el caso del nombramiento de Santiago Rodríguez Vega como presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, donde se aplica una normativa vigente desde 1995, en la que se “atribuye al Consejo de Gobierno la designación de los miembros de los órganos superiores de dirección de los organismos autónomos y entidades de derecho público a propuestas de los titulares de la consejerías que correspondan, como sucede con las Autoridades Portuarias, que tienen atribuida la naturaleza de organismos públicos y cuya presidencia corresponde determinar a la comunidad en la que se halle”, señala la sentencia.
Ambas decisiones judiciales ya son firmes después de no haberse presentado recursos contra ellas.