El 50% del transporte con origen o destino en España es realizado por transportistas no residentes, de los cuales la mitad proceden de países del Este de Europa.
Así lo han señalado desde Fenadismer antes de denunciar, como ya hicieron durante la presentación del Plan de Inspección de Transportes de la Comunidad de Madrid, el bajo número de inspecciones que se realizan a las empresas que hacen cabotaje en España, que no alcanza el 5% total de los controles realizados a empresas del sector.
Este no es sólo un problema español, ya que a nivel europeo existe un bajo índice de controles tanto en carretera como en las instalaciones de las empresas que realizan cabotaje, según un Dictamen del Comité Económico y Social Europeo a instancias de la Presidencia del Consejo Europeo.
No obstante, este Comité constata la dificultad de cumplir y controlar el transporte nacional realizado por transportistas extranjeros, porque las normas de acceso al mercado no hacen sencillo el cumplimiento.
Combatir el dumping social
Tras hacer un análisis detallado sobre la situación actual del transporte internacional por carretera en la Unión Europea, el Comité ha reiterado su apoyo al objetivo de la Comisión de luchar contra el dumping social y la necesidad de aprobar medidas preventivas contra dichas prácticas.
Así, el Comité Europeo pone de relieve que, en el caso de los transportistas de Europa Occidental, el coste del trabajo constituye la parte más importante de sus costes de explotación. Por el contrario, en el caso de las empresas radicadas en Europa Central y en los países del Este, el mayor coste medio es el combustible.
Esta diferente estructura de costes es aprovechada por algunos transportistas de la Europa occidental utilizando “mano de obra con bajos salarios”, mediante el desarrollo de regímenes de empleo complejos y ambiguos, aprovechando el carácter transfronterizo y la gran movilidad del sector, y recurriendo a “sociedades ficticias” radicadas en Estados miembros con bajos niveles de protección y normas laborales y sociales diferentes, según recoge el Dictamen.
Por todo ello, el organismo internacional considera que existe una urgente necesidad de actuar a escala de la Unión Europea, dando prioridad a la plena cooperación entre las inspecciones laborales y las autoridades de vigilancia del transporte por carretera en los países europeos, para mejorar el cumplimiento transfronterizo y combatir el abuso o el fraude.