El sector marítimo portuario del sindicato CGT ha valorado positivamente la decisión adoptada por el Comité de Transporte del Parlamento Europeo de no liberalizar los servicios portuarios, como solicitaban desde la Comisión Europea, en el borrador del nuevo 'Reglamento Europeo de Puertos', aprobado el lunes 25 de enero.
El sindicato comparte así la opinión de los puertos europeos, contraria a la de los armadores, sobre la importancia de que el Parlamento haya respetado la diversidad de los puertos europeos en este ámbito. De hecho, los eurodiputados afirmaron tener de su lado a puertos, terminalistas y sindicatos, “por primera vez en las largas discusiones” sobre el futuro del sector.
Esta decisión, según afirman desde el sindicato, supone un "fuerte revés" para los navieros, "que llevan tanto tiempo queriendo adueñarse de los puertos", una situación que ya había sido criticada por el portuario de Valencia Rafael Beses en su artículo de opinión "Pobrecito de mi flete que no me deja navegar".
"Desinflar" la sentencia europea
Para CGT, el nuevo marco que trae la decisión del Parlamento debería "desinflar y reorientar" la famosa sentencia del Tribunal de Luxemburgo contra la estiba española, que obliga a reformar el sistema español a instancias de la Comisión Europea.
En concreto, la defensa del Parlamento sobre la potestad de los puertos para decidir cómo se organizan los servicios portuarios en sus instalaciones "debería significar" que la actual Ley de Puertos española, el IV Acuerdo Sectorial y el Convenio 137 de la O.I.T. sobre los trabajos portuarios "deben ser respetados", ya que son tan válidos como las leyes de los países del norte de Europa.
Así, si no procede la liberalización, si se debe respetar la legislación nacional y, además, se debe garantizar la formación de los trabajadores portuarios, "¿qué pasa con la forzada interpretación del principio de libertad de establecimiento que supuso la condena del Reino de España?", se preguntan desde el sindicato.
Por ello, solicitan a Puertos del Estado que hagan una valoración sobre el alcance de la decisión del Parlamento y su repercusión sobre la sentencia europea contra la estiba española.