Algunas sentencias podrían llegar en plazos relativamente cortos.
La multa de 2.930 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a varios fabricantes de vehículos industriales en julio de 2016 por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes sigue suscitando repercusiones inesperadas.
Una de ellas tiene que ver con el efecto revitalizador que habría podido tener para algunas empresas de transporte en dificultades, precisamente en momentos en que ciertas compañías empiezan a mostrar síntomas de extenuación tras superar una grave crisis y llegar a recuperar una parte de los volúmenes, pero sin que los precios suban como se esperaba.
Así pues, parece que diferentes compañías de transporte de mercancías, concursadas o al borde de esta situación, habrían revivido como el bíblico Lázaro para intentar aprovechar las demandas colectivas que se han interpuesto tanto ante los Tribunales españoles como ante otras jurisdicciones europeas, como la holandesa, en un último esfuerzo para intentar salir adelante.
Los administradores concursales de muchas de ellas, sin embargo, lejos de intentar volver a recuperar su actividad, buscan recuperar algunas cantidades que aportar al concurso de acreedores, con el fin de reducir la deuda de estos procedimientos, en la medida en que lo permitan los pronunciamientos judiciales, algunos de los cuales podrían producirse en un plazo de tiempo relativamente corto.