Los transportistas consideran que "ha llegado el momento de poner en práctica lo que se plasma sobre el papel".
El Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera para el año 2017, presentado a los transportistas este 30 de noviembre, recoge nuevas medidas para combatir del dumping social en el sector, entre las que se encuentra un incremento del control a las empresas cargadoras.
A partir del próximo ejercicio, se sancionará tanto a la empresa que realice el servicio de cabotaje de forma ilegal, con multas de 4.001 euros, como a la empresa que haya contratado dicho servicio, con sanciones de 2.001 euros, ya sea esta un operador de transporte, otra empresa transportista o un cargador.
Si bien el importe de la multa al transportista duplica la que se impondría al cargador, el Plan de Inspección de 2017 ha sido valorado positivamente por las asociaciones de transportistas.
Entre ellas se encuentra la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, Fetransa, desde la que habían solicitado la reinterpretación del baremo sancionador para que en los supuestos de cabotaje ilegal se sancionase también al cargador contractual.
En la Federación consideran que "ha llegado el momento de poner en práctica lo que se plasma en papel", siendo uno de los principales objetivos del próximo año atajar el fenómeno de la deslocalización de grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menores costes de explotación.