Los transportistas siguen ganando batallas en el 'céntimo sanitario'.
Han pasado 13 meses desde que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno adevolver todo lo recaudado por el 'céntimo sanitario' desde el 2002, al estimar los primeros ocho recursos contencioso-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMH).
Aunque los transportistas confiaban en que esta sentencia pusiera "punto final" al conflicto, lo cierto es que el Supremo sigue recibiendo alegaciones del Abogado del Estado en casos particulares y dictando sentencias en las que no hace si no recordar lo señalado en la de febrero de 2016, volviendo así a dar la razón a los transportistas.
En los últimos cuatro meses ha habido dos sentencias por recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, que desestimaba la responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del IVMDH. Ambos recursos han sido estimados por el Supremo.
[sumario]Las dos sentencias por recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Ministros han sido estimadas por el Supremo. [/sumario]
Con respecto a las defensas del Estado en estos recursos, cabe destacar que contra uno de ellos, el presentado por Central de Servicios y Selección JV, el Abogado del Estado defendió que "la parte recurrente no había afirmado que la reclamación se refiriera a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador ni en su escrito de demanda original ni en el presentado como ampliación de aquél".
En los Fundamentos de Derecho recogidos en ambas sentencias, el Supremo asegura que "el debate procesal no difiere en nada que sea jurídicamente relevante" del que se trabó en los recursos de febrero de 2016.
Estas sentencias ponen de manifiesto que cada caso es particular en la batalla de los transportistas contra Hacienda por la devolución del 'céntimo sanitario', pero también revelan que el Supremo tiene claro que existe responsabilidad patrimonial del Estado.