Se descarta, por el momento, la implantación de las 44 toneladas.
La Dirección General de Tráfico ha iniciado en el mes de agosto el tercer intento, en los dos últimos años, por aprobar una nueva regulación de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías, tras los intentos fallidos en 2013 y 2014 por aprobar dicha modificación técnica de los vehículos.
Según ha informado Fenadismer, el nuevo proyecto que se está tramitando descarta la introducción del "polémico" aumento del tonelaje de los actuales vehículos articulados y trenes de carretera a 44 toneladas, que han sido reivindicados por algunas organizaciones empresariales pertenecientes a la CEOE, pero que ha contado con el rechazo de varias asociaciones de transporte, por cuanto hubiera implicado un sobredimensionamiento de la actual flota de transporte en casi un 20%, "lo que no es admisible en la actual situación económica que atraviesa el sector".
En el nuevo proyecto que ahora se tramita, la DGT junto con el Ministerio de Industria y el de Fomento, se plantean incrementar la altura a 4,50 metros para los vehículos de transporte adaptables en altura.
En la actualidad ya se permite la circulación de este tipo de vehículos en el caso de los portavehículos, vehículos grúa de asistencia en carretera y transporte de contenedores en régimen de transporte multimodal. La propuesta amplía dicha altura a camiones rígidos de más de 18 toneladas de MMA, así como vehículos articulados y trenes de carretera, siempre que su carrocería sea adaptable en altura y homologada para dicha altura, así como los vehículos de plataforma o con caja abierta.
En todo caso, los vehículos de transporte autorizados con la nueva altura no estarían autorizados para realizar transporte internacional con dicha altura, al no permitirlo la vigente Directiva europea reguladora de los pesos y dimensiones en transporte internacional.
Megacamiones
Según este nuevo proyecto de la DGT, para ser considerado megacamión de 25,25, la configuración resultante deberá tener más de 6 ejes, por lo que en caso de separar alguno de los módulos, es decir, el semirremolque o el remolque, y, en consecuencia reducirse el número de ejes, ya no se podrá transportar con las dimensiones y masas establecidas para el megacamión.
Para la circulación de dicho tipo de vehículos se exigirá la obtención de una autorización especial, expedida por la DGT o por los Departamentos de Tráfico de Cataluña y País Vasco, en la que se establecerá las vías por las que podrá circular, que preferentemente serán autopistas y autovías, ya que sólo se permitirá la circulación por carreteras siempre que el recorrido por éstas no supere los 50 kilómetros y sea como consecuencia de que se realiza el inicio o destino del viaje.
La autorización para prestar el servicio sólo se concederá si el recorrido total supera los 150 kilómetros y establecerá las condiciones de circulación de dicho transporte en lo que se refiere a su velocidad máxima, señalización del vehículo y otros.
Por último, también se ha propuesto que la longitud actual de los vehículos articulados, establecida en 16,50 m, se podrá incrementar hasta 20,55 m previa autorización por Tráfico.
Esta modificación pretende dar satisfacción a la presión llevada a cabo por los fabricantes de vehículos y de otros sectores a fin de poder transportar componentes y otro tipo de mercancías en camiones de mayor tamaño para reducir sus costes logísticos, una propuesta a la que Fenadismer ya ha expresado su "oposición más rotunda", como ya hizo después de que Anfac presentase su propuesta "Logística 3 Millones".
El CNTC pide una prórroga hasta septiembre
Por su parte, la CETM ha manifestado su "total disconformidad y rechazo" a esta propuesta, atendiendo a las condiciones y plazos en que se propone la solicitud. Así, considera que una modificación de la normativa de pesos y dimensiones "del alcance que se pretende en estos momentos"debería hacerse en los tiempos, plazos y criterios de rigor y seguridad jurídica, que no se contemplan en esta propuesta.
Además, desde la Confederación también se considera que "no se han analizado ni estudiado adecuadamente" la incidencia, impactos y repercusión que, más allá de las inversiones en vehículos e instalaciones logísticas, tendrían en la seguridad vial, con la aplicación de esta norma en los términos que se contemplan en la propuesta.
De esta forma, se respalda la respuesta elaborada por el Comité Nacional de Transporte Terrestre, a través de la cual se ha solicitado una prórroga hasta el mes de septiembre, con el objetivo de mantener una reunión del departamento de este comité, "necesaria para emitir el informe" solicitado por la DGT sobre la propuesta desarrollada.