Ante la polémica desatada por la propuesta de implantar peajes por circular por la red nacional de autovías, incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia elaborado por el Gobierno como un proyecto ya en firme y a poner en marcha en un plazo en concreto y enviado a Bruselas, parece que el propio Gobierno quiere enfriar los ánimos, rebajando el propio alcance de la pretendida medida.

Si el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a respuesta de una pregunta parlamentaria a medidos de abril reconoció que «lo único que hay es una reflexión, una invitación a que debatamos. ¿Que no es posible debatir?, tomamos nota también», en el estilo que le caracteriza, ahora el propio Ábalos en un acto del partido en la localidad castellonense de Alcora, ha afirmado que «no hay ningún plan con los peajes».

Según el ministro, resulta que lo que ha planteado el Gobierno no es un proyecto propiamente dicho , sino que se trata de «abrir un debate sobre política pública, llámese pago por uso, o llámese cualquier otra cosa», según lo recogido por Europa Press.

Es el rechazo de los socios del Gobierno, y no el del sector afectado y los usuarios, lo que ha motivado al cambio de discurso sobre la necesidad de esta medida.

Contrastan estas afirmaciones de Ábalos, con las que hizo hace menos de dos semanas, cuando afirmaba que «ya que queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tenemos que hacer. Los peajes son una señal de sintonía con el resto de la Unión Europea». Una sintonía que contrasta con la política de reversión de las concesiones de las autopistas de peaje iniciada por el actual Gobierno, al no prorrogar las concesiones y asumir la gestión de estas infraestructuras por el propio Estado.

Y un objetivo, el recaudatorio, que vuelve a chirriar en su planteamiento, «avanzar hacia la internalización de los costes del transporte, bajo el principio de que quien contamina paga y quien lo usa lo paga», con la evidencia confesada también por Ábalos, de destinar la parte del león de los fondos europeos que se destinarán a movilidad, a impulsar el ferrocarril y a fomentar la transferencia modal en el transporte de mercancías, dejando de lado el mantenimiento de las carreteras.

Sin embargo, el motivo de este suavizamiento en la postura del Gobierno, no hay que tratar de buscarlo en la oposición llegada desde el propio sector, que ha recordado el compromiso asumido por el número dos del ministerio, Pedro Saura, según el cual no se aprobarían peajes sin contar con la aprobación del sector. Es en el ámbito de los equilibrios políticos, con la oposición manifestada por los propios socios del Gobierno, como el BNG o Podemos, que se han sumado a las críticas, indicando que «ahora no toca», donde hay que buscar las razones de este intento de enfriamiento.

Es este rechazo, y no el del sector afectado y los usuarios, lo que ha motivado al cambio de discurso. Un cambio momentáneo, que lo que pretende, con un plazo de tres años, es plantear una campaña de «concienciación y sensibilización», otra vez los sentimientos, sobre la necesidad de esta medida.