Comisiones Obreras estima que los Ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y de Trabajo y Economía Social han elaborado un anteproyecto de Ley sobre desplazamiento de conductores que, a su juicio, «no va a poder debatirse con los afectados sino que se sacará por Real Decreto Ley y dejando parte de la Directiva sin transponer».

En este sentido, el sindicato estima que la diversidad de convenios colectivos provinciales de transporte de mercancías existente en España impide determinar con exactitud la cuantía salarial que deben cobrar los chóferes extranjeros desplazados en España, en vez de lo que se les abone en sus países de origen, con lo que podrían seguir competiendo con menores costes.

Además, según la central sindical, al tramitarse esta norma por vía de urgencia, dado que deberá estar fijada en el ordenamiento jurídico español antes del próximo 2 de feber se dejará el apartado de sanciones sin trasponer, algo que, en su opinión, supone un incumplimento de las regulaciones de la Unión.

Vistas estas circunstancias, Comisiones Obreras asegura que «la lucha contra el dumping formaba también parte de los acuerdos del Ministerio de Transportes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera que quedará en borrajas si el Ministerio se limita a transponer en la forma en que se ha diseñado el anteproyecto de Ley».

Por ello defienden que el proyecto debe contar con la participación de los afectados, así como «tramitarse con los tiempos suficientes y no por un Real Decreto Ley a medias y que no responde al objetivo que se pretende», lo que, según el sindicato, implicará que se mantenga el dumping social en el sector «con la connivencia del Comité Nacional del Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes si la Unión Europea no lo remedia».

 

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