Sin respuesta de la Comisión para los problemas del nuevo tacógrafo inteligente
Pese a las dificultades tecnológicas y de disponibilidad de aparatos existentes para instalar los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación, la Comisión Europea aún no ha dado una respuesta armonizada para toda la Unión Europea.
Miércoles, 23/08/2023 por CdS
El sector reclama una respuesta armonizada a la situación aplicable en toda la UE.
El transporte europeo reclama medidas que permitan soslayar los problemas que está enfrentando el período de transición hacia los nuevos tacógrafos inteligentes de segunda generación iniciado este 21 de agosto, pero la Comisión Europea no se ha movido de momento.
Según informa Fenadismer, diferentes problemas en la implementación tecnológica del sistema de navegación del nuevo aparato tacógrafo y otros, han motivado el retraso de las dos marcas fabricantes de los nuevos aparatos en poder homologar y posteriormente iniciar su fabricación.
De hecho, de acuerdo con los datos de la patronal, uno de los fabricantes recibió el visto bueno de homologación el pasado 17 de agosto, a pocos días de la entrada en vigor del nuevo aparato de control.
En este contexto, Fenadismer apunta que, «pese a dicha preocupante situación y el requerimiento de los Estados miembros, la Comisión Europea ha optado por no dar hasta la fecha ninguna solución armonizada a nivel europeo, dejando el problema en manos de los Gobiernos nacionales, y condicionando cualquier posible actuación por su parte en función de cómo evolucione la situación para el próximo mes de septiembre, pese a que en la actualidad podrían estar afectados aproximadamente unos 40.000 camiones y autobuses en toda la Unión».
Sin embargo, la organización también anticipa que «el problema se podría extender y agravar a lo largo de 2024, teniendo en cuenta que todos los camiones y autobuses que realicen transporte internacional deberán sustituir antes de que acabe el próximo año su actual aparato tacógrafo analógico o digital por el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, lo que afectaría más de 1.5 millones de vehículos de transporte en toda la Unión Europea».