El transporte por carretera ve incrementados nuevamente sus costes de explotación.

Informe sobre la oportunidad de la proyectada modificación de la LOTT en relación con las cooperativas de transportepuede descargarse en este enlace (disponible en formato pdf, de 21 páginas, y 7 Mb).

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio de Fomento, aprobó el pasado mes de junio un anteproyecto de ley de modificación de la vigente LOTT, que introduce una nueva regulación en el acceso al sector del transporte por carretera, en consonancia con lo establecido por el Reglamento Europeo CE 1071/2009, de 21 de octubre de 2009 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 14 de noviembre de 2009), por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la actividad de transporte, en vigor  desde este mes de diciembre, el cual es de aplicación directa en todos los Estados miembros y con rango superior a la LOTT.

El anteproyecto introduce una serie de cambios en la regulación vigente de gran trascendencia, limitativas para las empresas operadoras de transporte que se organicen bajo la forma de cooperativa.

Tales cambios, en lo que afecta a las empresas de «economía social», no vienen exigidos por la normativa comunitaria, el Reglamento Europeo CE 1071/2009, ya que, en opinión de los autores de este estudio, estas cumplen perfectamente con las exigencias de acreditación profesional, capacidad económica y honorabilidad.

Por este motivo y a instancias de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de España (Fenacotrans), la Cátedra de Trabajo Autónomo de la Universidad de Valencia ha realizado este  “Informe sobre la oportunidad de la proyectada modificación de la Ley de Ordenación del transporte terrestre en relación con las cooperativas de transporte”.

En el informe, que tienen ahora a su disposición para su consulta, se destaca que el cooperativismo de transporte español ha supuesto una importante fuente de creación de empleo estable en el sector, frente a la competencia que se soporta de empresas de terceros países, principalmente del Este de Europa, cuyos camiones trabajan en España.

La conclusión a la que llegan los autores señala que «la reforma proyectada nos parece injustificada jurídica, social y económicamente por lo que puede tener un efecto muy negativo en lo que respecta a destrucción de empleo y, en la economía española, sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas«.