La dificultad de poner de acuerdo a las diferentes administraciones locales, autonómicas y otros agentes de ámbito estatal hace prácticamente inviable una estrategia logística en España que supere intereses particulares y defina una política de infraestructuras acorde a las necesidades reales.

Esta es una de las conclusiones que pueden extrapolarse de una Jornada que CETM Multimodal ha organizado este jueves 8 de junio en el marco del SIL 2017, en la que el presidente de ACTE, Ramón Vázquez, ha apuntado que deben de dejar de financiarse con dinero público infraestructuras infrautilizadas.

Terminales intermodales que no absorben un mínimo de demanda que garantice su rentabilidad, falta de inversión pública para la renovación o el desarrollo de otras que son o serían clave, un exceso de infraestructura anexa y en ocasiones inservible… Son sólo algunos ejemplos de “una presión política que ha desvirtuado el mapa de infraestructuras del país”, tal y como ha resumido el director de la consultora Arup, Francisco Martínez.

Pero, sin duda, el mejor ejemplo para separar la casi utópica estrategia común y la realidad actual es la comparación entre las terminales intermodales existentes y las que, según los expertos, son necesarias para satisfacer la demanda española.

En España hay actualmente 70 terminales interiores “con un diseño y operativa mejorables y en muchos casos mal integradas entre sí y con el territorio”, apostillan desde Arup.

Y, sin embargo, el Grupo de Trabajo TILOS del Consejo Nacional de Transporte Terrestre presentó en su día una propuesta en la que sólo proyectaban siete nodos intermodales estratégicamente ubicados.

Según Juan Miguel Sánchez, vocal del Consejo que ha detallado las claves del proyecto este jueves, la necesidad de una masa crítica para alimentar un nodo, así como el tamaño y características mínimas que establecieron para ellos, es una aportación de los expertos que “está todavía viva” y su propuesta, presentada en su día a Fomento y las administraciones sin mucho éxito, “sigue siendo válida”.

Control exhaustivo de las inversiones

Por todo ello, para Ramón Vázquez, “sólo hay una solución posible para poner un cascabel a un tigre que cada día se hace más grande”: un control riguroso económico para aquellas inversiones que se hayan hecho con un estudio de demanda y viabilidad claro, concreto y realizado sobre el terreno.

“O arrancamos de una vez con un control serio que haga factible el ferrocarril en España o este seguirá siendo la esperanza que no llega”, ha concluido el presidente de ACTE.