Poder enrolar a marineros no comunitarios pagándoles en función del nivel de vida de sus respectivos países. Esta es en síntesis la pretensión que el presidente de los navieros españoles, Adolfo Utor, solicita del Plan Estratégico para promover la competitividad del REC que prepara el Gobierno para hacerlo más atractivo frente a otros registros comunitarios y evitar la disminución del pabellón español de buques.
En opinión de Utor, la normativa comunitaria sobre Libertad de Establecimiento permite a los armadores inscribir sus buques en el registro marítimo de cualquier Estado miembro, con acceso a todos los tráficos, incluyendo los de cabotaje nacional en la UE. Por tanto, “si las condiciones del registro español no resultan competitivas, los armadores, más pronto o más tarde, se irán viendo obligados a abandonarlo y nos quedaremos sin flota de bandera española”, ha asegurado ante la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, que ha clausurado la Asamblea General de Anave celebrada este jueves en Madrid.
Propuesta pragmática y eficaz
Para los navieros, los niveles de fletes están tan bajos en los mercados que sólo pueden salir adelante las empresas y buques más competitivos. En esta situación, “la única vía para poder ofrecer unas condiciones salariales y laborales que puedan resultar atractivas para los marinos europeos es contratar determinados porcentajes de tripulantes de países terceros, a unos salarios referenciados al coste de la vida en sus países de origen”, ha asegurado Utor, para quien esta es una solución “pragmática y eficaz que la generalidad de los países marítimos europeos ha solucionado por medio de los Registros Especiales”.
Con las condiciones actuales del REC, ha recordado Utor, en los últimos 7 años los armadores españoles “se han ido decantando claramente por otros registros europeos, especialmente el de Malta, comunitario a todos los efectos, habiéndose registrado en el mismo 21 buques, con 514.210 GT, propiedad de armadores españoles”.
Como segunda medida, los navieros piden al Gobierno dotar a los mecanismos de inspección de buques de la Administración marítima de la agilidad y flexibilidad que precisa el sector, “principalmente aumentando las posibilidades de delegación en entidades reconocidas, como las Sociedades de Clasificación”. Además, Utor ha pedido también limitar su responsabilidad, en los términos establecidos en la directiva comunitaria sobre esta materia.
Por lo que se refiere a la actividad en los puertos españoles, Utor ha señalado que para todas las líneas de corta distancia y de autopistas del mar, el servicio de practicaje “resulta especialmente gravoso por tratarse de buques que hacen escalas regulares y muy frecuentes por lo que, en realidad, no necesitan ese servicio”. Ante el estudio de la Comisión Europea sobre las condiciones para concesión de exenciones de practicaje en los diferentes países, Utor cree que concluirá que España es uno de los países en los que los que obtener dichas exenciones es más difícil.
Por ello, Anave estaría satisfecha con que la Orden de 2002, que regula estas exenciones en España, se cumpliese a rajatabla y en todos los puertos, sin que en su aplicación, como hasta ahora, exista una gran discrecionalidad por parte de las Capitanías Marítimas, y con una tramitación lo más rápida posible.
Un REC más útil
Por su parte, la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, ha señalado en su discurso de clausura que en el asunto del Registro Especial de Canarias “la Administración coincide con Anave en la necesidad de hacer el registro canario más útil” . Sin comprometerse a nada, Librero se ha limitado a decir que desde la Dirección General de la Marina Mercante, “ya se está trabajando en dotarle de instrumentos al REC para que sea más competitivo frente a los registros competidores”.
En sus palabras, la responsable de Fomento ha calificado el sector naviero como "clave" para España y ha reconocido la necesidad de ofrecer unos servicios eficientes y competitivos en España a las compañías navieras. En cuanto al plan de inspecciones de buques, ha reconocido la necesidad de homogeneizar las normas entre todos las Capitanías Marítimas españolas, "y la reforma va en este camino", ha aclarado.