El Pleno del Congreso ha aprobado el pasado martes 8 de julio, de forma definitiva, el proyecto de ley de Navegación Marítima tras debatir y votar las enmiendas introducidas a la norma durante su trámite en el Senado, que han provocado que el rechazo inicial de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) al texto se extienda a otros grupos de la oposición como el PSOE o los nacionalistas vascos y catalanes.

El portavoz ‘popular’ de Fomento, Andrés Ayala, ha expresado su «satisfacción» por que este proyecto de ley se apruebe «tras catorce años de estudios, tres proyectos de ley y tres legislaturas», lo que permitirá a España contar con una normativa moderna en sustitución del Código de Comercio del siglo XIX.

Materias reguladas

Según ha explicado Ayala, la Ley de Navegación Marítima regula «materias de derecho privado» y a los sujetos de la navegación: el buque, contratación administrativa de todo tipo, seguros e hipotecas.

Asimismo, ha indicado que “es cierto que otras materias que habían sido objeto de anteriores Proyectos han sido reguladas a lo largo de los años que hemos tenido que esperar para conseguir aprobar esta Ley y que, aunque hoy tampoco se reconozca, se encuentran dentro de otras leyes de nuestro ordenamiento, como en la Ley de Puertos de 2010 o en la Ley de Protección del Medio Marino, también de 2010”.

Además, ha afirmado que en la Ley de Navegación Marítima «se regulan esa serie de cuestiones que son tanto de derecho mercantil como derecho de gentes, como derecho internacional privado y naturalmente de derecho del mar».

Por último, el diputado del PP ha señalado que también se incluye dentro de esta Ley «la legislación comunitaria para responder a tres objetivos: la homogeneidad con el derecho marítimo internacional, la seguridad jurídica, que es el factor determinante de la competitividad y, por supuesto, reflejar la realidad actual al transporte marítimo”.

Enmiendas del Senado

Sobre las enmiendas del Senado, el portavoz de Fomento del PP ha destacado que «todas ellas son de naturaleza jurídica». Así, ha explicado que en esas enmiendas del Senado se modifica el artículo 7 “que obliga al respeto de la legislación medioambiental y pesquera a todos los buques que quieran entrar o salir de nuestros puertos”.

En cuanto a la supresión de la disposición adicional undécima, ha afirmado que «es cierto que se admitió en la Ponencia, pero estamos obligados a cumplir la Ley y el artículo 23 de la ley Orgánica de Defensa Nacional dice que la Guardia Civil tiene las funciones que le otorga la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

“Y aquí, el artículo 11.2 b la circunscribe al mar territorial”, ha señalado Ayala, quien concluyó que “difícilmente si no modificamos las leyes orgánicas, podríamos mantener esta enmienda y por razones exclusivamente jurídicas se debe suprimir”.

Responsabilidad de salvar vidas

Sin embargo, el socialista José Segura ha expresado su «indignación indescriptible» ante la decisión del Senado de suprimir esta enmienda transaccional planteada a una propuesta del PSOE y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, para garantizar que los buques de la Guardia Civil sean embarcaciones de Estado, lo que les da la posibilidad de realizar algunas de sus funciones fuera de las aguas territoriales.

Una condición que ha permitido a la Guardia Civil «salvar decenas de miles de vidas» de inmigrantes que viajaban en cayuco desde África, algo que ahora tendrán más dificultades para hacer. «Nos sentimos frustrados y engañados en la tramitación», ha insistido el diputado, que además ha lamentado que el proyecto original se haya visto «estrechado y encorsetado» durante su tramitación.