Puerto de Bermeo

El puerto de Bermeo es uno de los 15 que quedan afectados por esta nueva ley.

El Gobierno vasco ha aprobado este pasado martes el proyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, que prevé la constitución de un ente público de derecho privado para la gestión de las instalaciones portuarias y lleva a cabo una completa «redefinición y reestructuración» de las tasas.

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, ha comparecido en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en el que se ha dado luz verde a este proyecto, que será ahora remitido al Parlamento Vasco.

Esta norma es de aplicación exclusiva en los 15 puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma vasca, quedando fuera de su ámbito los puertos de interés general de Bilbao y Pasajes.

Entre las novedades de esta normativa está la creación de un nuevo ente público de derecho privado, Kaiak, que aglutinará la gestión de todas las instalaciones portuarias de la comunidad autónoma en un único modelo, manteniendo la gestión pública y con la voluntad de superar la actual dispersión en las formas de gestionar estas infraestructuras.

La ley prevé la creación del Consejo Municipal Portuario para «articular las relaciones» entre las administraciones portuarias y los municipios donde se ubican esas instalaciones, ya que en el País Vasco los puertos son eminéntemente urbanos.

Respecto al régimen jurídico, el Gobierno vasco ha mostrado en el texto aprobado su preferencia por la prestación pública de los servicios portuarios y la utilización privada del dominio público portuario mediante concesiones que en caso de bienes inmuebles o instalaciones desmontables serán por un plazo máximo de tres años, incluidas las prórrogas.

Para las instalaciones no desmontables el plazo máximo de concesión será de 50 años, incluidas prórrogas, y para los puestos de amarres el plazo tope será de cinco años, prorrogables por otros cinco.

Redefinición de las tasas portuarias

La nueva norma establece asimismo una completa redefinición y reestructuración de las tasas portuarias, y así se unifican las cuotas establecidas para el pasaje y también las tasas a aplicar a las operaciones de tránsito de mercancías en función del origen, que se adaptan a la normativa europea.

Además, se establece una reducción del 25% de la cuota para las mercancías que entren o salgan de la zona de servicio del puerto en tren. También se prevé modificar la reducción aplicable a los amarres a los pensionistas que acrediten unos ingresos anuales totales inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional y el establecimiento de una misma cuota de agua y energía eléctrica para todos los puertos.

La norma incluye también un régimen sancionador por incumplimientos, que pueden ser leves, graves y muy graves, y multas que van desde los 12.000 euros hasta el millón de euros.

La ley incorpora también un registro de empresas operadoras de transporte marítimo de carácter informativo.