El Ayuntamiento de Zaragoza no concede a Aragón la apertura de su almacén logístico sanitario en PlaZa.
El gobierno de Aragón está "buscando alternativas" para encontrar una nueva localización donde establecer el servicio de distribución centralizado del Servicio Aragonés de Salud.
Hasta ahora, estaba previsto que el gran almacén de distribución de material sanitario se estableciera en la Plataforma Logística de Zaragoza (PlaZa), después del contrato de arrendamiento para ocupar una nave de 5.000 m² con este fin.
Sin embargo, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha señalado en el pleno de las Cortes este jueves 3 de diciembre que el anterior gobierno "se precipitó" al firmar el contrato, indicando que "existen muchas dudas y perspectivas poco halagüeñas" sobre el establecimiento de este almacén en PlaZa.
El consejero ha explicado que, después de que se hicieran sobre la nave una serie de obras entre enero y mayo de 2015, la administración autonómica solicitó una licencia de apertura al Ayuntamiento de Zaragoza, que no ha concedido al detectar importantes carencias en el sistema anti incendios de la nave.
Pero ya se había firmado el contrato para el transporte de los materiales desde la nave a los centros sanitarios, por 18 meses y un coste de 401.000 euros, y un contrato para el alquiler con opción a compra de los equipos logísticos.
Buscando alternativas
En este contexto, la administración está buscando soluciones alternativas a la "sectorización" con muros y divisiones que ha propuesto el Ayuntamiento para conceder la licencia de apertura, puesto que la compartimentación de la nave va contra la propia naturaleza del servicio de almacenaje y distribución.
Así, se ha hablado con el departamento de Industria para que emita un informe acerca de si los rociadores de gota gorda ya instalados son suficientes para conceder la licencia y, en todo caso, se están buscando alternativas.
Si utilizar esta nave no fuera posible, se buscaría un operador logístico que se subrogara al contrato de arrendamiento de material y asumiera el coste del desmontaje y montaje del mismo en su propia nave.
Por otro lado, si nadie optara a este concurso, se buscaría una nave alternativa que cumpliera los requisitos y se subcontrataría el servicio.
Para Aragón, lo que no se pueden rescindir son los contratos de transporte, porque el gobierno se arriesga a recibir una demanda por lucro cesante, ni el de arrendamiento de la nave, puesto que una de las cláusulas del contrato establece que este no se puede anular en el caso de que la actividad no consiga licencia de apertura.