La Diputación de Guipúzcoa es cada vez más consciente de que los Tribunales están estrechando el cerco a su flamante peaje para camiones.

Es lo que tiene el habitual recurso de las Administraciones de distinto pelaje y signo político a recurrir a chapuzas legales que sirven temporalmente, pero que luego caen con estrépito ante un mínimo examen en profundidad. Siempre hay un roto para un descosido. Abundan los ejemplos.

Para intentar salvar su peaje, la Diputación de Guipúzcoa ha recurrido in extremis a la argucia de recurrir a un recurso cuestionando la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para conocer del asunto, órgano judicial que por dos veces ya ha declarado ilegal el peaje, cuando está a punto de dictarse sentencia.

Frente a estas pretensiones, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado, como refiere Fenadismer, contra el  “malicioso propósito de impedir el pronunciamiento del Tribunal Supremo”, ya que a su entender se trata de “un intento por parte de la Diputación Foral de evitar el fallo del recurso al presumirlo desfavorable”.

Todo vale, según parece, para mantener un sistema que acumula resoluciones judiciales en contra y que la administración provincial guipuzcoana se ha empecinado en mantener contra viento y marea.