La reforma de la estiba de Fomento cosecha apoyos y criticas en Valencia.
En un momento en que la paz social está más cerca en Algeciras y Barcelona, con la firma por parte de APM Terminals, TTIA y Terminal BEST del acuerdo negociado entre Anesco y sindicatos, el fuego se aviva en el otro puerto de España que cuenta con más de 1.000 estibadores: el de Valencia.
De forma que la tensión que reina en los puertos españoles desde que Fomento informase de la reforma de la estiba que quiere aprobar se ha elevado, aún más si cabe, en el puerto de Valencia.
Los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia aglutinan a más del 60% de los estibadores que trabajan en España. Según el censo de diciembre de 2014, de los 6.156 estibadores españoles, 1.534 trabajan en Algeciras, 1.301 en Valencia y 1.055 en Barcelona.
Tras la huelga de estibadores convocada para los días 20, 22 y 24 de febrero, desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se han pronunciado más a favor que en contra del Gobierno, mientras que en el sindicato UGT critican que los despidos se vayan a abonar con fondos públicos.
Mientras tanto, desde la Sociedad de Estiba y Desestiba del puerto de Valencia, Sevasa, denuncian la "presión y caída de productividad" que están viviendo las terminalesdel puerto de Valencia por parte del colectivo de trabajadores de la estiba.
Según indican desde Sevasa, las empresas están sufriendo desde el pasado viernes, entre otras medidas coercitivas, “marchas lentas en los muelles y acciones injustificadas" dirigidas a obstaculizar la asignación del personal necesario para desarrollar con normalidad la actividad de estiba y desestiba.
Estas "medidas de boicot" han reducido aproximadamente un 60% la productividad en las terminales, ocasionando "graves perjuicios económicos" a toda la cadena logística que requiere de los servicios del recinto portuario.
Además de esta disminución de la productividad, desde Sevasa también denuncian que las empresas estibadoras "están sufriendo presiones intolerables por parte de representantes sindicales", que exigen a cada una de ellas un posicionamiento público respecto a la reforma de la estiba que plantea el Ministerio de Fomento.
La Sociedad de Estiba y Desestiba del puerto de Valencia advierte que, "de persistir está anormal situación", solicitará la intervención de las autoridades competentes para que garanticen su derecho a desarrollar con libertad y normalidad el trabajo de este sector.
"La liberalización llega tarde"
En lo que respecta a los empresarios valencianos, estos aseguran que "la liberalización del sector de la estiba es un proceso irreversible en un mercado global competitivo que ya llega tarde", apuntan desde la CEV.
Según la Confederación, "esta liberalización reduciría de forma sustancial los altos costes salariales de los puertos del país", que en España aglutinan el 53% de los costes totales frente al 39% de la media en Europa, de acuerdo con sus cifras, "beneficiando con ello la capacidad productiva, la actividad económica y su impacto en el PIB nacional", aseguran.
Además, los empresarios sostienen que "el Ministerio de Fomento tiene la responsabilidad de no demorar más en el tiempo la adaptación de la normativa española a la legislación comunitaria y acatar las sentencias de tribunales europeos que obligan a España a liberar el sector".
Que el puerto no asuma los pasivos
Por otro lado, desde la sección sindical de UGT en el puerto de Valencia han remitido un escrito a la Autoridad Portuaria de Valencia en el que muestran su desacuerdo a que el puerto asuma los pasivos de los despidos en la estiba, ya que la reforma de Fomento contempla que la Administración asuma los pasivos hasta el 11 de septiembre de 2014.
En el seno del sindicato consideran que las posibles indemnizaciones por estos despidos las asuman el capital privado que apostó por la privatización de las Sociedades de Estiba, y no se paguen con fondos públicos retenidos a los trabajadores, "que han sufrido recortes desde el año 2010", aseguran desde UGT.
"Desde 2010, los trabajadores han visto vulnerando su derecho a la negociación colectiva y han sufrido una recorte del 5% en sus nóminas, además de reducciones en las aportaciones al plan de pensiones y otra mejoras sociales", según los sindicalistas.