Ayuntamiento y Autoridad Portuaria tienen dos años de plazo para poner en marcha la zona franca de Sevilla

El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 31 de agosto publicó la orden del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se autoriza la Zona Franca sevillana.

02/09/2013 a las 12:57 h

El Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria de Sevilla tiene a partir de este mes de septiembre un plazo de dos años para poner en marcha la zona franca de Sevilla que, como informó cadenadesuministro.es, fue aprobada el pasado mes de julio por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. La de Sevilla será la quinta zona franca de España.

El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 31 de agosto publicó la orden del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se autoriza la zona franca sevillana y especifica que la autorización de Hacienda caducará si en el plazo de dos años, a contar desde la fecha de su publicación en el BOE, no se hubieren ejecutado las obras necesarias para el cierre y acondicionamiento de las instalaciones, así como a la aprobación por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la contabilidad de existencias para la gestión de la zona franca.

Además, el BOE advierte que la autorización también se perderá si en este periodo de dos años no se hubieren presentado los Estatutos del Consorcio y el Reglamento de Régimen Interior de la zona franca ante los órganos que debe aprobarlos.

La zona franca de Sevilla estará constituida por una superficie  de 719.876 m² y quedará sometida a un control de tipo I para el almacenaje, transformación y distribución de mercancías en las instalaciones existentes en el Término Municipal de Sevilla, sitio de Torrecuellar. Será la quinta instalación de este tipo que exista en España.

Se autoriza la entrada de toda clase de mercancías de lícito comercio, cualquiera que sea su naturaleza, cantidad, procedencia u origen, sin perjuicio del cumplimento previo de los requisitos exigidos por la normativa aplicable en función de la naturaleza de los productos.

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