Llegó el día decisivo y sucedió lo que ya todos tenían previsto. El Parlamento británico se ha mantenido en sus trece y ha optado por reiterar su negativa al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea cerrado por la primera ministra May.
Han sido 432 votos en contra, frente a 202 a favor que ahora dan paso a una moción de censura que el líder laborista, Jeremy Corbyn, tiene previsto presentar de inmedianto, algo que ensombrece aún más el panorama.
Esta situación ahonda el abismo que abre el Atlántico en el Canal de La Mancha y coloca tanto a la UE como a Gran Bretaña ante una situación nunca vista y con implicaciones desconocidas, porque, en definitiva, se trata de buscar una salida de una habitación sin puertas.
Uno de los sectores que ve más de cerca este abismo es el del transporte y la logística que, al fin y al cabo, es el encargado de llevar las mercancías a una y otra economías, y, a la vez, el que sufre en primera persona los trámites burocráticos que a buen seguro se multiplicarán como setas una vez culmine el 'Brexit'.
Ante esta situación, la Dirección General de Transporte Terrestre ha aclarado al Comité Nacional, durante las últimas reuniones mantenidas, algunas de las implicaciones de todo este proceso que supondría que la normativa comunitaria dejará de aplicarse al Reino Unido ante la fecha de entrada en vigor de un posible acuerdo de retirada o, en su defecto, a partir del próximo 30 de marzo , salvo que el Consejo Europeo decida por unanimidad ampliar ese plazo límite.
Se impone la salida sin acuerdo
En este escenario se abren dos posibilidades. La primera de ellas es la de una retirada con acuerdo, algo muy poco probable hasta ahora y que implicará que hasta finales de 2020 no se produzcan modificaciones sobre el funcionamiento actual de los intercambios bilaterales.
Así mismo, durante este plazo de transición ambas partes, como se indica desde Atfrie, elaborarían los acuerdos que regirían en adelante para todos los sectores económicos, incluido el del transporte internacional.
La segunda alternativa, más realista, consiste en una retirada sin acuerdo. Ante esta posibilidad, la UE ha elaborado un Plan de contingencia para evitar problemas en materia de transporte a través de una propuesta de Reglamento que, como explica Froet, se debería aprobar antes del 30 de marzo.
Dicho Reglamento otorga un plazo transitorio hasta diciembre de este añopara que se realice transporte internacional bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea y que permitiría realizar servicios de transporte desde cualquier país de la UE y regresar con mercancía a la Unión.
Sin embargo, quedaría fuera tanto el internacional cruzado como el cabotaje en ambos sentidos.
Adicionalmente, como resume Atfrie, las empresas transportistas europeas seguirán llevando como título habilitante su licencia comunitaria, mientras que las británicas llevarían una autorización de nueva creación otorgada por las autoridades británicas para acceder al territorio de la Unión.
En paralelo, también existe un borrador de Reglamento relacionado con los trámites aduaneros que establece las posibles futuras formalidades aduaneras a la hora de realizar el transporte internacional, como son la emisión de la DUA o el pago de las tasas, entre otras obligaciones.