De poco ha servido la conversación que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo este martes con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, porque finalmente la Comisión exige a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

Según recoge Europa Press, la decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, han informado fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.

La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. En la visita que el ministro de Industria, José Manuel Soria, hizo la pasada semana al Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.

Las ayudas a devolver deberá definirlas España

En rueda de prensa el Comisario Almunia no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse, ya que “esta cantidad sólo corresponde decirlo a la Hacienda pública española. Nosotros no tenemos la capacidad para determinar cuanta ayuda no compatible debe devolverse. Ayudas, además, que irán para la Hacienda española”, ha asegurado.

En todo caso, José Manuel Soria dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.

El responsable de Competitividad europea ha insistido en que “nunca” se notificó el sistema de ayudas a la Comisión Europea por parte de España. Si se hubiera comunicado, insiste Almunia, “se habría analizado y se hubiera establecido si era compatible o no, como ha pasado con el aprobado en 2012”.

En este sentido, ha insistido en que las ayudas a devolver “son de naturaleza fiscal que no son compatibles porque vulnera las normas de la UE porque concedió una «ventaja selectiva» a sus beneficiarios respecto a los rivales.

Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones «no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros(como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes«.

Atendiendo al «principio de seguridad jurídica«, la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.

Efecto sobre los inversionistas

Joaquín Almunia ha reconocido que la decisión adoptada puede ser sometida a un recurso anta la Corte de Justicia y a este organismo “le corresponderá decidir si admite o no a trámite el posible recurso”.

Por último, respecto a la incidencia que provocará esta decisión de la Comisión sobre los futuros inversionistas, Almunia cree que se garantiza para ellos la seguridad jurídica a partir del sistema aprobado en 2012. El sector de construcción naval español, incide el Comisario, “ha probado su competitividad y calidad de producción, por lo que tendrán inversores futuros pero deberán ser buscados y convencidos para invertir”.