En la respuesta del comisario europeo de Competencia a la pregunta planteada desde Alternativa Galega de Esquerda, se constata que el 1 de enero de el año próximo expiran los compromisos de España entre los que se encuentra la "limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20% de las ventas totales como media móvil de tres años, durante un período de 10 años, registrada en la decisión correspondiente de la Comisión sobre el seguimiento de los asuntos relativos a Izar, predecesor de Navantia".
Como consecuencia de ello, añade que el astillero público y el país ya "no estarán obligados por estos compromisos" que propuso España "en el contexto del procedimiento en aquel momento". "Por consiguiente, ya no se aplicará la limitación relativa a la construcción naval civil", añade la respuesta parlamentaria.
En un comunicado, AGE ha señalado que esta respuesta es "clarísima", por lo que ha advertido de que "ya no hay ninguna excusa", antes de instar a la Xunta, al Gobierno central y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a "asumir sus responsabilidades" y comenzar a buscar carga de trabajo para el astillero de Ferrolterra.
Esta decisión llega en un momento propicio, puesto que el mercado mundial de la construcción naval está en alza y en Galicia, lo que repercutirá en una mejora de la carga de trabajo de los astilleros, en un momento complicado para la empresa pública naval que atraviesa por la peor crisis en décadas.
Según AGE, la recuperación de la comarca de Ferrolterra "depende de la carga de trabajo" para Navantia por lo que, si esta se concreta, Galicia "volvería a recuperar uno de sus sectores industriales estratégicos".
El control de Navantia pasa a Defensa
En el Consejo de Ministros del pasado 25 de julio, el Consejo de Ministros tomó la decisión de ceder el control político de Navantia al Ministerio de Defensa, junto con el resto del sector público empresarial que se mueve en ese ámbito.
De esta forma el gabinete de Pedro Morenés tiene encomendado ahora "la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortalecimiento y consolidación del sector industrial de la defensa", aunque los derechos económicos sobre la empresa pública continuarán en el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno quiere, no obstante, que las decisiones sobre el conglomerado de empresas de este sector se tomen conjuntamente con los ministerios de Hacienda e Industria.