Las sanciones administrativas a los plazos de pago que exceden los límites legales son un medio eficaz para promover el cumplimiento de la legislación, según un informe de la Comisión Europea sobre la morosidad entre empresas.

En este sentido, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, PMcM, ha denunciado que en España el régimen sancionador, que comprende un sistema de multas de más de 800.000 euros para los infractores, siga parado en el Congreso de los Diputados.

Parecía que iba a aprobarse antes del verano, pero con el cambio de Gobierno las comisiones se disolvieron y se crearon otras, retrasándose a septiembre. Esto ha impedido cumplir con el compromiso político de poner en marcha el régimen sancionador a lo largo de 2018, pero desde la PMcM advierten de que pedirán explicaciones si no hay avances.

Que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor asuma la responsabilidad de enfrentarse a su cliente, por lo que en Bruselas recomiendan incrementar su efecto disuasorio y fomentar la transparencia del sistema.

Para la Plataforma, se trata de «la única manera» de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley y evitaría muchos de los malos hábitos que existen en el país, acabando con las «prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos«.

Alternativas a la mediación

La Comisión Europea plantea diferentes estrategias para actuar contra la morosidad, como el endurecimiento de los términos legales o la creación de organismos de observación, seguimiento y control, como un Observatorio de la Morosidad.

Propone además la implantación de sistemas ágiles y económicos alternativos a la mediación de conflictos. Finalmente, aboga por fomentar un cambio de cultura empresarial mediante los Códigos de Buenas Prácticas, la Responsabilidad Social Corporativa y la formación en la gestión del crédito.