CCOO ha denunciado que la aprobación, por parte del Ministerio de Fomento, del Real Decreto por el que se establece una nueva regulación de los tiempos de conducción y descanso del transporte por carretera en las islas «es un despropósito que va a tener consecuencias nefastas para los trabajadores del sector y la seguridad vial en los dos archipiélagos, canario y balear».

Desde el sindicato se ha considerado que el Ministerio de Fomento ha apoyado, con la aprobación del real decreto, de «una pretensión constante por parte de las patronales«. En concreto, según CCOO, las asociaciones han tratado de «desregular aún más» las jornadas de trabajo del colectivo de transportistas, «privándoles de un descanso mínimo y regulado y poniendo en riesgo la seguridad vial en la carretera».

Asimismo la organización critica que esta normativa se haya aprobado «a espaldas de los sindicatos, y en particular de CCOO». Ha recordado, en concreto, que ante su negativa inicial a dar el beneplácito a la norma y tras denunciar posibles ilegalidades en el borrador del Ministerio, la Administración se tomó un tiempo para realizar conversaciones en las islas y «se comprometió a una nueva convocatoria de las partes».

«Ahora, sin cumplir dicho compromiso, el Gobierno legisla unilateralmente. No nos sorprende, pero de respetarse el borrador que el ministerio manejaba, en muchos de sus contenidos podremos estar ante diversas irregularidades de dudosa legalidad y respeto a normas comunitarias y a la propia legislación española», advierte CCOO.

Según los datos recogidos por el sindicato procedentes del Ministerio de Fomento, desde que en Canarias y Baleares es obligatorio el uso del tacógrafo, con excepción de Mallorca, donde ha sido obligatorio desde el principio, los accidentes en carretera han descendido significativamente.

No obstante, desde su implantación, «las patronales han estado en contra de este sistema» de control de los tiempos de trabajo y jornada, queriendo eliminarlo o flexibilizar su uso, «tal y como ha hecho ahora el Gobierno español», para volver a las jornadas «abusivas» que existían antes de implantar el tacógrafo.

De este modo, fraccionar los descansos conlleva «alargar las jornadas hasta las 16 horas diarias o más», lo que podría complicar la inspección y facilitar el fraude, «además de empeorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial» señala CCOO.

Contra el reglamento europeo

Por ello, se considera la aprobación del real decreto como un «atentado» contra los derechos laborales y contra la seguridad en las carreteras que «es ilegal». En este sentido, el sindicato ha recordado que el reglamento europeo «sólo permite a los Estados miembros hacer excepciones a la normativa general si éstas mejoran las condiciones de trabajo o la seguridad vial».

Sin embargo, en la normativa aprobada por el Ejecutivo español «no mejora ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario», que es «promover el abuso de los tiempos de trabajo». Además, el sindicato estima que el Gobierno ha aprobado este decreto después de que haya pasado «todo el ruido» sobre la accidentalidad en carreteras en Canarias, «con turistas entre las víctimas en este mismo año», para «sacar adelante las pretensiones de la patronal en el último Consejo de Ministros previo a la Navidad».

Por otra parte, CCOO ha insistido en que “es falso que exista, tal y como mantiene el Gobierno de Rajoy, consenso alguno con los agentes sociales y empresariales». La organización ha señalado que es una normativa que no cuenta con el respaldo de los sindicatos y que está en contra de la opinión del Consejo Nacional de Transportes Terrestres de mercancías y viajeros, entre otras cuestiones porque no facilita el descanso diario «sino que promueve el exceso de jornada». Lo que ha sorprendido a CCOO es la «desfachatez» al afirmar que ha existido un supuesto consenso con los agentes sociales, ya que las organizaciones sindicales han rechazado «de plano» este real decreto.

Por último, CCOO ha anunciado que se reserva todo tipo de acciones sindicales y jurídicas en cuanto a las medidas que contiene el real decreto, una vez analizadas en detalle cuando se publique en el BOE.