Oficinas centrales de Toquero

Oficinas centrales de Toquero en San Fernando de Henares, en Madrid.

Comisiones Obreras ha calificado de «sentencia simplista» y «decepcionante» la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar la demanda presentada por el propio sindicato y UGT contra la decisión del grupo Cat de derogar el pacto extraestatuario por el que se regulaba el abono de los excesos de jornadas y los tiempos de presencia de la plantilla de conductores de la empresa Toquero.

El sindicato cuestiona que los magistrados no hayan entrado a valorar que, con la derogación del pacto, «la intención de la empresa es dejar de pagar esos tiempos de trabajo efectivamente realizados», algo que se demuestra del hecho que, desde la conclusión del periodo de consultas, «no se ha abonado ni un sólo euro por esos conceptos a pesar de que se siguen prestando de igual forma».

Según CCOO, no se encuentra «coherencia» en las reglas de proporcionalidad que la propia sentencia enuncia, ya que, de un lado, la sentencia ve coherente y proporcional la medida en función de una pérdida de negocio que apenas llega al 10%. Pérdida que está en función del «acoplamiento y el nuevo rol que Toquero juega en la estructura del grupo Cat».

Sin embargo, por el otro, en la sentencia no se recogería «el mismo sentido de lógica proporcional» en el aumento de un 172% de los costes por el arrendamiento operativo de las naves con Europark, empresa perteneciente al anterior dueño de Toquero, en lo que «indudablemente» es un efecto de la venta de la empresa «que ahora se carga a los trabajadores», ha estimado el sindicato. Además, este «criterio proporcional» tampoco se ha aplicado al hecho de que, con la derogación del pacto, los conductores de Toquero «viene cobrando un 30% menos por realizar el mismo trabajo».

Para corregir los efectos de la derogación del pacto, actualmente el personal de Toquero debe realizar demandas individuales a fin de exigir el abono de cantidades que, «paradójicamente», en aplicación de la normativa en la lectura de discos y registros del tacógrafo, «pueden suponer un gasto superior para la empresa que la que se generaba con la aplicación del propio pacto derogado», ha afirmado CCOO.

Cuando entró en vigor la reforma laboral en febrero de 2012 «sólo cabía esperar la intervención de los jueces para que se pusiera coto a aquellos empresarios que se quisieran aprovechar de tamaña oportunidad».

Sin embargo, la organización ha lamentado que en la mayoría de las ocasiones los magistrados optan por «no complicarse la vida y emiten sentencias simples», aplicando con «literalidad las intenciones reformistas del actual ejecutivo» y permitiendo el «debilitamiento» de la clase trabajadora.