Puerto de Gijon descarga de carbon

Descarga de carbón en el puerto de Gijón.

La asociación civil Ciudadanos por Asturias ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Decano de Gijón el pasado día 3 de noviembre, ante la sospecha de que las «irregularidades» detectadas en la ampliación de El Musel pueden ser constitutivas de posibles delitos de prevaricación y fraude.

La denuncia se ha presentado contra el ex presidente y contra el ex director de la Autoridad Portuaria de Gijón,  Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, así como contra la UTE Dique Torres y contra todos los miembros del Consejo de Administración del Puerto desde 2004 a 2011 que, a pesar de saber lo que se hacía, no denunciaron ni votaron en contra de ello, ha confirmado, el presidente de la citada asociación, Raimundo Abando.

Abando ha aclarado que el hecho de incluir a los consejeros «no es porque se piense que son todos culpables», sino para poder indagar si estos conocían los hechos y consintieron o, si, por el contrario, se les ocultó información por parte de los máximos responsables de El Musel, lo que agravaría aún más los delitos.

También ha añadido que, en caso de admitir a trámite el juez la denuncia, harán una ampliación para incluir al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y al que lo fuera en su día, Mariano Navas, no como posibles culpables, sino para que den explicaciones sobre lo que sabían de este asunto, al depender El Musel de este organismo estatal.

En cuanto a los hechos en sí, la asociación ha incidido en que por un lado están las supuestas irregularidades que detectó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, que han desembocado en la demanda por la que la Comisión Europea solicita la devolución de los 198 millones de euros de subvenciones entregadas para la ampliación de El Musel, y, por otra, la serie de «irregularidades» que irían contra el ordenamiento jurídico español.

Según la denuncia, posiblemente la OLAF no incidiera en estas últimas al haberse centrado en lo que tenía que ver con la justificación de las subvenciones europeas, como es los problemas en la licitación y adjudicación de la obra y la «total» falta de control, a su juicio, de los materiales de las canteras.

Ocultación de información

Entre otros detalles, ha remarcado el hecho de que tanto Rexach como Díaz Rato propusieron al Consejo de Administración la expropiación y compra de la cantera del Alto Aboño por cerca de seis millones de euros, algo que para Ciudadanos se hizo para ayudar a la adjudicataria de la obra a conseguir piedras y áridos. Una cantera con 32 hectáreas que quedó «absolutamente inutilizada» al ganar una demanda judicial el Ayuntamiento de Carreño.

También ha llamado la atención sobre que el 20 de abril de 2006, el director portuario firmó un acta de incremento de 20 precios diferentes de canteras, pero con carácter retroactivo a mayo de 2005. Una circunstancia que, en palabras de Abando, es «absolutamente incomprensible e ilegal», ya que se tendría que haber tramitado un expediente de modificación del contrato y llevarlo al Consejo de Administración para su aprobación. En este caso, ha opinado que los consejeros no fueron informados del asunto.

Meses después, el 30 de octubre de 2006, se vuelve a hacer otra modificación de precios de materiales que se sacan de la cantera de Aboño. En este punto, Abando ha recalcado que uno de los dueños de esta, es uno de los adjudicatarios del contrato de ampliación portuaria, por lo que Ciudadanos sostiene que se estaba «favoreciendo» a esta empresa mediante ese aumento de precios.

Rexach «mintió»

Unido a ello, ha apuntado que, desde mayo de 2005 hasta octubre de 2007, se oculta a la opinión pública los sobrecostes de El Musel, pese a que los máximos responsables portuarios los conocían desde la primera fecha.

Pese a ello, aún en 2007 Rexach insistió, en unas declaraciones públicas, en que las obras del puerto iban «en plazo y presupuesto». «Era absolutamente falso», ha indicado Abando antes de acusar a Rexach de haber mentido y de recordar que fue Puertos del Estado quien desveló en octubre de ese año que había un sobrecoste importante por la desviación en los precios de los áridos.

Algo que, a su juicio, tendría que haber llevado a sacar un nuevo contrato y no un modificado de obra como se hizo. Este último, según Abando, sólo es posible cuando no se supera más del 20% del coste total, y en El Musel el sobrecoste alcanzó el 40%. «Se hizo un modificado como si no pasara nada», ha recriminado.

Descontrol en los pesajes

Por otro lado, ha apuntado que, una vez puesta la denuncia, confía en que se dé traslado al juzgado correspondiente y que en el plazo de unos siete o diez días se comunique si se admite o no a trámite. No descarta, asimismo, que si se comprueba que pueden ser constitutivos los hechos de delitos más graves, remitan el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

Abando ha explicado que en el informe de la OLAF hay cosas «claramente llamativas», como que había muchos camiones que no se pesaban, que algunas matrículas no existían en todo el Estado español o que nunca trabajaron para los transportistas subcontratados e incluso camiones que supuestamente llevaban más de 100 toneladas por viaje, casi cuatro veces más de lo permitido.

También se utilizaba carbón que se desaprovecha de Mina La Camocha sin que se sepa cuánto tonelaje fue ni a qué precio se pagó por algo que a la UTE «le costó cero», ha apostillado. A esto ha unido los 88.765 viajes duplicados de camiones, que suman 2.662.000 toneladas, es decir, un 7,5% de todo el material usado.

«Una burrada», ha sentenciado, a lo que ha añadido que la empresa que hacía el control de pesaje era pagada por la propia UTE. Abando ha insistido en que «de ninguna manera» el Puerto hizo control sobre estos pesajes ni con personal propio ni con ninguna empresa contratada. «Un absoluto descontrol», ha remarcado.