Comienza el control de trabajadores desplazados en Países Bajos

Países Bajos regula por su cuenta el desplazamiento de trabajadores, precisamente cuando el Paquete de Movilidad está cerca de aprobarse con una regulación para el transporte de toda la UE.

06/02/2020 a las 23:27 h

El registro de los trabajadores desplazados puede hacerse desde el próximo 10 de febrero.

Las empresas extranjeras con actividad en los Países Bajos deberán registrar a sus trabajadores desplazados a partir del 1 de marzo, a través de un sistema digital puesto en marcha por las autoridades y que también afecta a los autónomos.

Este sistema supone un nuevo palo en las ruedas del Paquete de Movilidad, precisamente cuando su aprobación encara la recta final con una regulación para toda la UE del desplazamiento de trabajadores, en el caso concreto del transporte por carretera.

Con esta nueva obligación, las empresas deberán estar a lo que estipule la legislación laboral neerlandesa para sus propios ciudadanos, incluyendo el pago del salario mínimo holandés, entre otras cuestiones, fijado en 1.653,60 euros al mes.

Las notificaciones de los trabajadores desplazados se podrán realizar a partir del 10 de febrero en el portal neerlandés, pero no será hasta el 1 de marzo cuando deban realizarse obligatoriamente, ya que desde entonces se impondrán multas de hasta 12.000 euros, tanto a los proveedores de servicios como a sus clientes.

Para el caso concreto del transporte de mercancías por carretera, el proceso debe realizarse antes de llevarse a cabo en servicios de cabotaje, así como si se carga o descarga en los Países Bajos como parte de un transporte internacional, aunque también puede hacerse un notificación anual.

En sentido contrario, no es obligatorio realizar la notificación para servicios de transporte de mercancías por carretera siempre que el trabajo consista exclusivamente en transportar mercancías a través de los Países Bajos, pero sin realizar cargas o descargas allí, así como para actividades postales y de mensajería.

CETM estima que la entrada en vigor de este trámite supone "otra carga administrativa más para las empresas del sector del transporte de mercancías y, lo más probable, es que la medida perturbe sus operaciones sobre todo al inicio, cuando las empresas tendrán que adecuarse al sistema y surjan los primeros inconvenientes".

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